Entre los años 2011 y 2023, el 96% de los agresores ocupaba un cargo jerárquico o superior al de las víctimas, en su totalidad mujeres cis, con un promedio de edad de 27 años.
El estudio analizó 23 causas judiciales en 14 jurisdicciones federales del país. Se identificaron 24 víctimas y 26 agresores que, en promedio, tenían 43 años, es decir, 16 más que las damnificadas. Esto marca una triple asimetría: de género, jerárquica y etaria. En el 70% de los casos, los agresores eran entre 10 y más de 30 años mayores que las víctimas.
“Estas cifras muestran con claridad cómo el abuso de poder es un componente estructural de la violencia sexual en estos ámbitos”, afirmaron desde la UFEM.
Las consecuencias laborales para las mujeres que denunciaron también son contundentes: el 88% enfrentó represalias después de animarse a hablar. Según el informe, un 62% fue licenciada temporalmente, un 48% reubicada y un 19% directamente despedida, desvinculada o retirada de manera obligatoria.
“Denunciar significó para muchas de ellas perder su lugar de trabajo o ser desplazadas”, advirtió el informe titulado Análisis de casos de violencia sexual en el contexto laboral de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas.
En cuanto a los agresores, el 85% tuvo alguna consecuencia laboral, pero apenas el 41% fue sancionado. Las medidas incluyeron seis arrestos, un pase a disponibilidad y una única desvinculación.
Más de la mitad de los casos denunciados (52%) salieron a la luz entre 1 y 8 años después de ocurridos los hechos, y en el 60% de los casos múltiples, las agresiones se repitieron durante períodos prolongados, que llegaron hasta los 7 años. Las situaciones más frecuentes ocurrieron en oficinas, espacios comunes o habitaciones laborales.
El 78% de las causas aún sigue en trámite y apenas cinco llegaron a su fin: tres con condena y dos con sobreseimientos. En promedio, los expedientes tardaron 5,3 años en alcanzar una sentencia de primera instancia.
“Estos tiempos judiciales tan extensos también forman parte de la violencia institucional que enfrentan las víctimas”, señalaron desde UFEM, que participó en más de la mitad de los casos, colaborando en etapas clave como la instrucción y la elevación a juicio.
Este informe pone sobre la mesa una realidad silenciada dentro de las fuerzas: mujeres que, aún dentro de instituciones jerárquicas y cerradas, deciden romper el silencio a pesar de las consecuencias. El trabajo de UFEM ofrece una primera fotografía sistematizada sobre un problema estructural que sigue vigente y con muy escasa respuesta judicial.
