¿Son suficientes las paritarias?

Está claro que la Argentina atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. A los cuatro años de neoliberalismo propiciados por el gobierno de Mauricio Macri (y su consecuente deterioro económico popular), se ha venido a sumar la inédita crisis sanitaria global.

En esta coyuntura, el gobierno ha tenido la capacidad de contener la crítica situación de los sectores más vulnerables y de las economías informales mediante la inyección de dinero a través de distintos programas sociales. Entre ellos cabe destacar al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), en su carácter de política cuasi universal. En efecto, se trató de una iniciativa clave para sobrellevar las consecuencias de la pandemia sobre el tejido social, que el gobierno no debió haber abandonado y que sería importante restablecer; no solo porque la situación de emergencia está todavía lejos de haber concluido, sino también (y fundamentalmente) por el considerable incremento en los niveles de pobreza.

Por otra parte, en forma complementaria a este ingreso, se ha implementado un conjunto de políticas de orientación más focalizada, con el objeto de atender las demandas de sectores que requirieron medidas de protección específicas. Dentro de esta serie, y sin pretender realizar un análisis detallado o exhaustivo, podríamos destacar aquellas destinadas a: jóvenes, mujeres, niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad socio-económica, emprendimientos asociativos de distinto tipo y, finalmente, hacia pequeñas empresas.

Si bien se trata de erogaciones muy significativas (más de 850 mil millones de pesos, según datos oficiales) para paliar la crisis de los sectores más postergados, las y los trabajadores asalariados aún no estamos pudiendo siquiera recuperar el poder adquisitivo perdido durante los cuatro años del interregno macrista. El índice de inflación en lo que va de este 2021, según el INDEC, acumuló un 17,6% hasta abril, con una inflación interanual que alcanzó (de abril a abril) un 46,1%. Lo cual torna ya incumplible la estimación prevista en el presupuesto nacional, de un 29% para todo el año. Esto sin contar que, hasta mayo, el incremento de la CBA (canasta básica de alimentos) fue aún mayor, alcanzando el 22,26%.

Al repasar los últimos cierres paritarios, por otra parte, verificamos que los porcentuales acordados resultan, en términos generales, iguales o superiores al 29% proyectado. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos terminan resultando insuficientes para emparejar la escalada en los precios, dada su distribución en cuotas y la postergación de algunas de ellas para el año 2022.

Para ilustrar lo expuesto, vale la pena detenerse sobre el caso del Sindicato de Empleados de Comercio de la Argentina (el más grande de Latinoamérica), que representa a unos 1.300.000 trabajadores y cerró recientemente una paritaria del 32% en 4 cuotas, las dos primeras (de un 8%) para este año, y las últimas dos (también de un 8%) recién para el 2022, lo que supone un escaso 16% de incremento para todo el 2021. Podría argumentarse que se trata de un caso aislado, no necesariamente representativo del conjunto. Pero sucede que el volumen de este sindicato tiene un efecto ordenador sobre una parte importante de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, incidiendo en la negociación de otras ramas de la economía.

Por otro lado, tanto la Federación de Aceiteros como La Bancaria, que son la insignia de una negociación salarial favorable a los intereses de sus representados, acordaron un monto sorpresivamente bajo, con un 25% y un 29% respectivamente, aunque apostando a cláusulas de revisión que han incorporado en la discusión y que anticipan un desenlace favorable al finalizar el año. Las y los estatales, por otra parte, con un acuerdo del 35% pero en 5 cuotas, recibirán una mejora de solo un 24% durante este año, a pesar de contar con una cláusula de revisión para el mes de noviembre. Su paritaria se encuentra, de este modo, entre las más bajas en relación al atraso salarial de varios años que viene arrastrando casi todo el sector público.

El SMATA, finalmente, con sus casi 80.000 afiliados y afiliadas, y pese a partir de un salario inicial elevado en comparación con el promedio del sistema, tampoco ha obtenido un acuerdo destacable, alcanzando tan solo un 28,7% en 5 cuotas y sin cláusula de revisión.

Este pantallazo es simplemente una muestra del atraso actual en los ingresos de las y los asalariados. Lo cual torna urgente el impulso de un nuevo ciclo redistributivo que permita expandir la capacidad de consumo de las grandes mayorías que, además, son las únicas que logran poner en movimiento la rueda de la actividad económica. En tal sentido, una paritaria que expresara con razonable fidelidad la situación actual de millones de trabajadores y trabajadoras debería rondar el 46%, que es lo que establece el IPC interanual para el pasado mes de abril.

No es casual, así, que una referencia similar a la inflación interanual es la que se encuentran discutiendo (de manera fiel a su tradición contestaria) Hugo y Pablo Moyano para las afiliadas y afiliados del Sindicato de Camioneros. De modo tal que no existe motivo para dar por válido el prejuicio que sostiene que los dirigentes y las organizaciones obreras deberían abstenerse de participar del debate político y económico (aun silenciando sus opiniones o disensos) como condición sine qua non para acompañar y defender a los gobiernos populares. La historia, al menos, demuestra lo contrario: siempre se incrementaron las luchas gremiales y las pujas distributivas bajo gobiernos populares.

No obstante, el gobierno – nuestro gobierno – al verse obligado a estructurarse como una coalición capaz de contener múltiples matices y diferencias (algunas, incluso, profundas), ha decidido priorizar su relación con el sector más conservador de la CGT en el afán de equilibrar las relaciones al interior del Frente de Todos.

Esto último produjo algunas consecuencias indeseadas. Para empezar, una interacción menos fluida con los sectores más dinámicos de esa misma central y también, por supuesto, con los dirigentes y dirigentas de la central que le sigue en peso: la CTA de los Trabajadores. En segundo término, como reverso de cierta tranquilidad momentánea que el Ejecutivo buscó procurarse, se terminó erigiendo un obstáculo adicional a la hora de construir una agenda de profundización que tenga a las trabajadoras y los trabajadores como protagonistas.

Esta situación tiene una doble explicación. Por un lado, la actual conducción de la CGT sobrevive de modo inercial y como resultado de la ausencia de elecciones internas, que ya fueron prorrogadas varias veces por el actual Ministerio de Trabajo. Por el otro, el gobierno ha optado – al menos en mi opinión – por mantener la unidad del movimiento obrero organizado apoyándose en el sector más conservador, a efectos de propiciar un mayor nivel de encuadramiento y evitar la consolidación de un nuevo frente de conflicto articulado alrededor del salario.

Ahora bien, el gobierno – nuestro gobierno – no presume de una fuerza propia y, si pretende (como honestamente creo) avanzar en la ampliación de derechos de millones de compatriotas, debe inexorablemente apoyarse sobre los dirigentes y las dirigentas gremiales que más han hecho por derrotar al neoliberalismo en nuestro país y, a partir de ello, avanzar firmemente en las trasformaciones estructurales que permitan generar más trabajo y mejores salarios: una reforma tributaria integral, la aplicación de un impuesto permanente a las grandes fortunas y la reducción de la jornada laboral.

En la Argentina existe una oportunidad singular para modificar las relaciones entre el capital y el trabajo, el neoliberalismo solo quedó presente para las historias de horror y como un recuerdo agrio que ha dejado marcas tan profundas como indelebles. Ello constituye, paradójicamente, un gran impulso para construir una agenda político-gremial capaz de acompañar el ascenso popular que vive la región y de alumbrar una nueva etapa política; especialmente si logramos derrotar a las derechas en Perú, Chile, Colombia y -fundamentalmente- Brasil.

En el caso de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país urge darle mayor progresividad a la distribución del ingreso. Las pautas actuales más alentadoras solo alcanzarán para empatar la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante este año, quedando muy lejos de cubrir aquello que establecía el Decreto 33.302 de 1945, redactado por Juan Domingo Perón antes de renunciar a la secretaría de Trabajo y Previsión Social: “la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones.”

Como lo han planteado reiteradamente desde la Federación de Aceiteros y Desmotadores, uno de los gremios que año tras año se ubica entre los que obtienen mayores incrementos, esas pautas salariales también eluden lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 de 1974 y aún vigente, en su artículo 116: el salario mínimo vital y móvil es “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.”

Que la negociación paritaria actual solo se limite a discutir conceptos como inflación, canasta básica de alimentos u otros indicadores estadísticos, sin plantear los alcances del Salario Mínimo Vital y Móvil, expresado tanto en la ya mencionada LCT como en el artículo 14bis de nuestra Constitución expresa, probablemente, uno de los principales triunfos de la última dictadura cívico-militar, al tiempo que da cuenta de los avances del neoliberalismo ya desde el retorno democrático, que consiguió reducir drásticamente la expansión salarial y el ascenso social de la clase trabajadora. Lo cual, desde luego, contó con la complacencia de los sectores más conservadores del movimiento obrero a la hora de discutir la distribución de la renta en nuestro país.

Por ello, resulta urgente retomar el debate sobre el salario Mínimo Vital y Móvil, retrotraernos a su origen y explorar su génesis histórica, aquella que permitió (17 de octubre mediante), imponer en enero de 1946 la vigencia de aquel decreto rubricado por Perón antes de su forzada renuncia a la Secretaría de Previsión Social. Este hecho marcó a fuego la línea fundamental que habría de sostener Perón tras su llegada a la Presidencia, condensando una vieja aspiración del movimiento obrero y estableciendo el criterio legítimo para definir con cuánto deben vivir las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina.