El día viernes 26 de marzo realicé una denuncia por violencia de género contra el juez Alejandro Sudera, los hechos que la motivaron se basan en una sentencia dictada el en el año 2011, su prolífera difusión y con ello las diversas opiniones suscitadas motivan el presente artículo.
Denuncié cómo a través del dictado de la sentencia el magistrado descalificó brutalmente a una colega, dedicando como mínimo dos párrafos de cada hoja a realizar consideraciones en relación al modo en que la letrada interpuso la demanda, su desempeño en una audiencia testimonial culminando con la regulación de honorarios en un 1 (UN PESO), pese a que la letrada había ganado el juicio.
No pasó mucho tiempo para que las opiniones comenzaran a circular planteando; que se trataba de una operación, que nada tenía que ver con el género, que la denuncia resultaba cuanto menos “no creíble” resaltando las virtudes personales del denunciando y descalificando mi credibilidad personal. Estos hechos motivan el presente artículo, no por la necesidad personal de responder tales comentarios, sino por la firme convicción de poner sobre la mesa una discusión central: “las mujeres no vamos a seguir tolerando la violencia basada en relaciones desiguales de poder”.
Es una verdad a gritos que las mujeres ocupamos escasos espacios de toma de decisión, que como consecuencia de una historia basada en la exclusión debemos redoblar nuestros esfuerzos para ser consideradas en el espacio público, que la violencia basada en estereotipos de género se manifiesta desde el modo en que somos nombradas hasta en la forma que somos tratadas, que nuestra condición de género nos conmina a transitar dobles y triples jornadas de trabajo, todo ello sin ninguna duda determina la necesidad de un cambio de rumbo, de una reflexión y deconstrucción de las relaciones sexo – genéricas. Es en este marco que decidí interponer la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, respetando las vías institucionales.
Sin ninguna duda el juez Sudera conoce la existencia de normas que especialmente abordan y resaltan que la violencia no resulta una práctica tolerable en nuestra sociedad, al igual que una enorme cantidad de magistrados/as, y sin embargo ello no resulta un óbice para que cotidianamente sus sentencias omitan incorporar la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género.
¿Por qué? La respuesta excede ampliamente una discusión jurídica y se encuentra enquistada en la reticencia de una gran parte de la sociedad para aceptar que las reglas hoy cambiaron, que resulta una obligación y no una facultad despojarse de los privilegios que históricamente han constituido las herramientas para limitarnos e impedir nuestro desarrollo personal y profesional sin ningún tipo de discriminación o violencia.
La sociedad espera mucho más del Poder Judicial, esperamos que a través de la modificación de sus prácticas dejemos de llenar las calles pidiendo justicia, esperamos que cumplan con los mandatos constitucionales para los cuales han sido designados en sus funciones, esperamos que empaticen con las necesidades de las personas que someten sus conflictos a la autoridad de sus decisiones, esperamos que cumplan con las normas que regulan el ejercicio de sus funciones; que sus medidas no resulten tardías y extemporales, esperamos su independencia de los poderes de turno, en definitiva esperamos que hagan JUSTICIA.
Vanesa Lamami es abogada querellante y docente, especialista en temas de género.
