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"Esta actitud del Gobierno, a través de Vialidad y Transporte, pretende deslegitimizar una huelga que tenemos amparada por la Constitución. No respetan los derechos del trabajador y los despiden por una represalia contra el sindicato", aseguró Cañabate.
La dirigente gremial señaló que la situación es "delicada", ya que llevan cuatro meses sin actualización salarial y el Gobierno busca "deslegitimar" el derecho a huelga. Además, denunció que entre los despedidos hay trabajadoras en período de lactancia y empleados a meses de jubilarse.
"Han despedido a compañeras que estaban dentro del periodo de lactancia y a compañeros que les faltaban tres meses para jubilarse. Hay estaciones cerradas por falta de personal. Al Gobierno no le interesa nada, solo amenazar y amedrentar a los trabajadores", expresó.
Cañabate adelantó que el sindicato continuará con medidas de fuerza y presentará acciones judiciales para exigir la reincorporación de los afectados. "Vamos a seguir luchando, más allá de las amenazas. Exigiremos la reincorporación de los 117 trabajadores despedidos de manera ilegítima", afirmó.
La empresa Corredores Viales S.A. justificó los despidos argumentando que el paro causó "pérdidas millonarias" al Estado. Sin embargo, desde SUTPA sostienen que el Gobierno no ha mostrado voluntad de diálogo.
"Desde enero, esta gestión no se sienta a negociar nada. Si su iniciativa es privatizar, que lo hagan de manera seria. No tenemos problema con un proceso de privatización transparente, siempre que garantice derechos laborales y mejore las rutas", concluyó Cañabate.
Según datos del Observatorio del Derecho Social, en lo que va del año se registraron más de 12.000 despidos en el sector público, lo que agrava el conflicto laboral en medio de la crisis económica.
