Esta situación se deriva de la firma de una resolución por parte de Pablo Lavigne, titular de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, que dejó fuera de la prórroga a las empresas Barpla, Australtex, Fabrisur y Sueño Fueguino.
El Decreto 594/23, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, marca el fin de una serie de beneficios para estas compañías. Según Alberto Garófalo, presidente de la Cámara Fueguina de la Industria (CAFIN), el sector textil enfrenta una situación de "discriminación producto de la presión de ciertos lobbies que buscan limitar la competencia". Esta exclusión ha encendido las alarmas en el sector, agravando la incertidumbre sobre el futuro laboral en la región.
La medida ha generado una ola de preocupación entre empresarios y trabajadores. El contador Ramón Gallardo advirtió sobre el impacto financiero que podría tener para las empresas. "Tendrán que realizar un aporte retroactivo al FAMP desde enero de 2022, además de enfrentar una reducción del 2,3% anual en sus beneficios", explicó Gallardo, quien advirtió que en una década, las textiles podrían llegar a pagar hasta un 25% de sus utilidades en concepto de Impuesto a las Ganancias.
El panorama no es nuevo. Gallardo recordó que "esta medida fue aprobada durante el gobierno anterior a través del Decreto 594 y fue impulsada por lobbies y gestiones del exministro de Economía, Sergio Massa". Según el especialista, "nos consideraron un gasto tributario del 0,35% del PBI y nos atacaron desde varios frentes, incluyendo medios nacionales y políticos de la oposición".
A la espera de una solución, este jueves se llevará a cabo una nueva reunión de la comisión del área aduanera especial, donde se espera que se aborde la problemática del sector textil. Tanto las empresas afectadas como los trabajadores demandan una resolución urgente que les permita mantener la estabilidad y evitar la pérdida de empleos en una provincia ya golpeada por la crisis económica.
