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“Todavía no me llamaron a declarar, pero me impusieron una fianza de 10 millones de pesos para no quedar preso. Es una locura”, denunció Giuliani. La causa fue abierta luego de la represión policial del 25 de mayo de 2023, cuando trabajadores estatales y organizaciones sociales protestaban pacíficamente en la ciudad de Córdoba durante la visita del presidente Javier Milei. La Policía provincial y la Gendarmería reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma, dejando al menos 14 personas heridas, entre ellas Giuliani y su hija, la periodista Julia Giuliani.
“El derecho a protestar no puede ser criminalizado. Teníamos un acuerdo con la Policía y se había liberado medio carril. Sin embargo, nos pegaron y nos tiraron gases”, relató el dirigente cordobés. “Vinimos a reclamar por los despidos en la provincia, estábamos hablando con el jefe del operativo sin problemas cuando irrumpen los gendarmes. De todas formas, no pudieron impedir que los estatales repudiemos la visita de Milei, que es persona no grata para los trabajadores en Córdoba”.
La Cámara de Acusación del Poder Judicial de Córdoba dictó recientemente el sobreseimiento de Giuliani y otros cinco dirigentes por una causa anterior, donde habían sido imputados por cortar una calle en abril de 2023 durante una marcha contra el hambre. En su fallo, el tribunal sostuvo que “es indiscutible el derecho de los ciudadanos a transitar por el territorio argentino, a reunirse y a peticionar a las autoridades”, y marcó que en Córdoba no existe una legislación que habilite la aplicación del “Protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
“Este fallo marca un freno al avance del Gobierno de Córdoba y de los sectores judiciales que buscan disciplinar a los movimientos sociales con causas penales”, afirmó Giuliani. “Los que dicen que hay que esperar antes de salir a la calle me dan vergüenza ajena. Si los dirigentes no se mueven, la gente va a salir igual. Es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, como decía Perón”.
Durante la protesta de mayo del año pasado, la represión se repitió en dos momentos. Primero en el ingreso al Aeropuerto Córdoba, donde las fuerzas de seguridad avanzaron contra los manifestantes sin justificación. Luego, en el centro de la ciudad, cuando una columna encabezada por ATE y la Federación Nacional Territorial (FeNaT) fue atacada con balas de goma mientras marchaba hacia el acto libertario en el Cabildo. Una docente jubilada fue agredida al intentar acercarse, lo que desató la reacción de los manifestantes.
“Esto es violencia institucional. No podemos naturalizar lo que está pasando. Están utilizando las fuerzas de seguridad para disciplinar a quienes ejercen derechos constitucionales”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional. “En esta Argentina no hay plata para comida ni para remedios, pero sí para reprimir. El modelo de país que proponen no pasa sin represión, y en ese país no entramos los trabajadores y jubilados con una vida digna”.
Aguiar agregó además que “desde que asumió Milei, se duplicó la indigencia y se está generando un nuevo fenómeno: el empobrecimiento de los pobres. Los estatales estamos acá porque nos están echando, cerrando organismos, ajustando nuestros salarios. No lo vamos a permitir”.
Con el reciente fallo judicial, las organizaciones sindicales esperan un cambio de clima en los tribunales provinciales, aunque advierten que no bajarán la guardia. La fecha del 28 de mayo vuelve a poner en debate hasta qué punto la protesta social sigue siendo tolerada por el poder político y judicial en Córdoba.
