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El comunicado de La Corriente señala que los empresarios que manejaron la cerealera la endeudaron en más de 1.300 millones de dólares dejándola en una virtual quiebra haciendo peligrar la continuidad laboral de 7.000 trabajadores y trabajadoras además de los 3.000 productores agropecuarios que proveen a la empresa.
Explican también que "Vicentín es una empresa testigo en el mercado de granos y también en el mercado de cambios" y que la firma santafesina "es una de las más poderosas exportadoras de cereales y derivados, un mercado fuertemente concentrado y que es la principal fuente de divisas genuinas del país. Es decir pertenece a un sector considerado de interés público".
La corriente de trabajadores y trabajadoras destaca que el vaciamiento del que fue objeto la empresa Vicentín, "además de delictuoso, dejó a una empresa estratégica como ésta, en peligro de caer a "precio vil" en manos extranjeras".
El comunicado finaliza apoyando la medida del gobierno, porque además de "significar el salvataje de una empresa estratégica para el interés nacional y de salvaguardar miles de puestos de trabajo, es también un paso hacia la soberanía alimentaria".
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