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Este fallo se produce tras una acción judicial presentada por el Consejo Directivo de ATE Capital, destacando la importancia de la ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, conocida como "Diana Sacayán-Lohana Berkins".
El tribunal subrayó la obligación del Estado argentino de garantizar la igualdad y no discriminación, señalando que la ley 27.636 establece un cupo laboral travesti, transexual y transgénero no inferior al 1% del total de su personal en todas las modalidades de contratación vigentes. Según el fallo, la ley tiene como objetivo "establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina".
En su sentencia, el juzgado remarcó: “El daño generado por la forma intempestiva en que se realizó la desvinculación contractual excede al aspecto económico que la pérdida del salario puede provocar al demandante y trasciende a su aspecto espiritual y anímico, máxime cuando su acceso al contrato estuvo vinculado con la aplicación de la ley 27.636 que protege sus derechos en virtud de la situación de vulnerabilidad en que su condición lo coloca dentro de la sociedad y que el Estado mediante la ley señalada procura proteger.”
La resolución judicial reconoce la responsabilidad del Estado en el daño ocasionado al trabajador y ordena su inmediata reincorporación en el mismo puesto, tareas y funciones que venía desempeñando.
Este fallo no solo refuerza la jerarquía de la ley "Diana Sacayán-Lohana Berkins", sino que también envía un claro mensaje sobre la necesidad de respetar y proteger los derechos laborales de las personas trans, promoviendo así un entorno laboral más inclusivo y equitativo.
