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Giuliani había sido sobreseído en una causa iniciada por el fiscal Ernesto de Aragón debido a un corte de calle durante una manifestación. Sin embargo, el G6 —integrado por entidades empresariales como la Bolsa de Comercio de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba— expresó su desacuerdo con la sentencia, calificando la protesta como un "privilegio" y solicitando una postura más estricta por parte del sistema judicial.
En respuesta, Giuliani criticó la influencia de las corporaciones económicas en el poder judicial y defendió el derecho a la protesta como una herramienta legítima de los trabajadores para reclamar condiciones laborales justas. "El poder económico habla de defender la libertad, pero sólo se refiere a la libertad de comercio y de las patronales para acumular riqueza a costa de la explotación de los trabajadores", afirmó.
El equipo jurídico de ATE anunció que impugnará el procedimiento de casación, argumentando irregularidades en el proceso. La organización sindical considera que esta acción judicial forma parte de una estrategia para criminalizar la protesta social y limitar los derechos de los trabajadores.
ATE Córdoba reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la libertad de expresión, y advierte sobre las consecuencias de permitir que intereses económicos condicionen las decisiones judiciales en detrimento de las garantías constitucionales.
