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De acuerdo al planteo sindical, la obra social se niega a entregar la medicación oncológica indicada, pese a la existencia de un fallo emitido el pasado 6 de marzo por el Juzgado Federal N°3, que ordenó la cobertura integral e inmediata del tratamiento.
Desde ATE Córdoba calificaron la situación como “desesperante” y denunciaron que la falta de cumplimiento judicial somete a la familia a un proceso “inhumano”, mientras el estado de salud del paciente se deteriora por la imposibilidad de iniciar el tratamiento de manera sostenida.
En ese marco, la esposa del paciente explicó que logró reunir fondos para adquirir una primera tanda de medicación, con un costo cercano a los cuatro millones de pesos, gracias a la ayuda de allegados. Sin embargo, advirtió que el tratamiento no puede comenzar sin garantías de continuidad, condición indispensable en terapias oncológicas.
“El derecho a la salud es el primer derecho de la persona humana”, remarcaron desde la organización gremial, al tiempo que exigieron a la obra social el cumplimiento inmediato del fallo judicial. Asimismo, reclamaron el cese de lo que consideran una conducta negligente que agrava la situación del paciente.
El caso vuelve a poner en debate la responsabilidad de las obras sociales frente a resoluciones judiciales y el acceso efectivo a tratamientos de alta complejidad, especialmente en situaciones críticas donde la demora puede tener consecuencias irreversibles.
