01/05/2023

De Buenos Aires a Beijing

¿Cómo son las regulaciones y luchas por los derechos laborales de los repartidores?

Con media sanción en el Senado bonaerense, el proyecto de ley para regular a las aplicaciones de delivery en la provincia de Buenos Aires se encuentra todavía en discusión en Diputados. Si bien se esperaba una aprobación sencilla porque había salido por unanimidad en la Cámara Alta, los partidos de derecha Juntos por el Cambio y Avanza Libertad trabaron el debate en el plenario de Comisiones, obligando a postergar la votación.

Como enumeró el periodista Emiliano Correia en El Grito del Sur, la legislación plantea la creación de un “Registro Único y Obligatorio de Trabajadores y Trabajadoras de APP”; la obligación para empleadores y prestadores de inscribir a su personal, a quienes el registro otorgará un certificado habilitante para poder realizar la actividad; y exige a las empresas “que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores”, como así también los horarios de “conexión y desconexión” que integran la jornada laboral. 

Sin embargo, el proyecto debe enfrentar el habitual lobby de las ya no tan nuevas empresas de plataformas contra los derechos de las y los trabajadores. Su negocio se asienta en el fraude laboral que implica calificar a sus empleados como autónomos o “colaboradores”, evitando así abonar las cargas patronales y cumplir sus responsabilidades legales.

Su expansión a nivel mundial ha globalizado también la lucha por su regulación frente a las prácticas precarizadoras que resultan extremas incluso para la etapa actual del capitalismo.

 

 La ‘Ley Rider’ española y su europeización

Durante 2021 y luego de varios meses de negociaciones entre el gobierno, centrales sindicales y cámaras empresarias, se aprobó en el Estado español la llamada “Ley Rider”. Pionera a nivel europeo, establecía la presunción de relación laboral para todos los trabajadores de plataformas de delivery. Además habilitaba a los representantes legales de los trabajadores a acceder a los algoritmos -hasta ahora secretos- por los que se rigen las plataformas, que afectan el acceso y mantenimiento del empleo.

La respuesta empresarial fue variada. Desde Deliveroo que aceleró su decisión de dejar de operar en el país (aunque oficialmente no culpó a la normativa); pasando por Glovo que modificó su reglamentación para acatar la ley a medias y Uber Eats que “desactivó” a la mayoría de sus ‘riders’ para pasar a un sistema de subcontratación que, en los hechos, implica una cesión ilegal de trabajadores; hasta Just Eat que decidió firmar un convenio colectivo con los sindicatos, aunque no abarca a todos sus empleados.

En este último caso, la compañía acordó con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) que sus repartidores bajo contrato cobren 15.200 euros al año, tengan 30 días de vacaciones y una jornada máxima de 9 horas. No obstante, esta medida solo afecta a alrededor de 2.000 personas que la empresa inscribió en su plantilla, pero mantiene otros en condiciones precarias mediante mecanismos de subcontratación.

En el caso de Glovo, la principal compañía del sector en territorio español y que fue comprada hace poco más de un año por la alemana Delivery Hero, sigue manteniendo al menos a 8 de cada 10 trabajadores como autónomos -es decir, sin reconocer la relación laboral-. Esto le ha valido varias multas y juicios laborales.

No obstante, para mantener a los falsos autónomos, la empresa modificó su sistema de facturación haciendo que los propios riders cobren la tasa de reparto, lo que -sostienen- los exime de cumplir la normativa. Pero esto podría implicar que sean los negocios como restaurantes -algunos grandes socios de la plataforma como McDonald 's- los que pasarían a ser responsables de la relación laboral. Finalmente los pocos que fueron regularizados son los que hacen entregas de supermercados: trabajan 8 horas por día, tienen dos francos semanales y vacaciones pagas.

A pesar de estos artilugios empresariales y la dificultad estatal para controlar y hacer cumplir la normativa, la Unión Europea ha decidido extender la regulación a todos sus miembros. En diciembre de 2022 el parlamento europeo votó un texto que se asemeja al español y regirá plenamente a fines de 2023. Asimismo, esta legislación no abarcará solo a los ‘riders’, si no a todos los trabajadores de plataformas y empresas de la mal llamada “economía colaborativa”.

 

El mercado más grande, con más trabajadores, más ganancias y ¿más regulado?

En China no hay empresas extranjeras que compitan en el sector. El mercado está controlado por firmas nacionales, siendo las más importantes Meituan y Ele.me (propiedad de Alibaba). Entre estas dos se calcula que nuclean actualmente 2,14 millones de repartidores activos según el China Labor Bulletin (CLB).

A esto hay que sumar que, según la misma fuente, la economía de plataforma de China -incluyendo los distintos sectores- es la más grande del mundo en números brutos y también proporcionales. Con 84 millones de trabajadores en 2020, abarcó a casi el 10% de la población activa del país mientras que ese número es del 4% en el Reino Unido y el 1% en EE.UU.

Las condiciones laborales de los repartidores son similares a las del resto de los países. Es decir que tampoco se reconoce el vínculo con la empresa y la precarización está a la orden del día. Esto motivó acciones de protesta en 2016 y en 2018 que registró el número más alto hasta ahora, con 57 acciones colectivas.

Frente a esta situación, en 2021 un conjunto de ministerios publicaron una serie de “Opiniones orientadoras sobre la salvaguardia de los derechos e intereses de seguridad laboral de las nuevas formas de empleo”. Pero estas no pusieron en cuestión el vínculo laboral sino que se centraron en el control algorítmico y se ordenó a las empresas que revisaran sus reglas.

Como señala un artículo de Asian Labour Review, Meituan y Ele.me respondieron con cambios en sus prácticas laborales. Ambas se enfocaron en dar a los repartidores más control sobre cómo toman los pedidos y volver a calcular el tiempo de entrega en el caso de condiciones anormales, incluidos los restaurantes que tardan en proporcionar las comidas, las malas condiciones del tráfico y accidentes. Además comenzaron a proporcionar a los ciclistas cascos conectados que vienen con funciones de comando de voz para que no tengan que revisar sus teléfonos mientras circulan por la calle.

Sin embargo, siguen sin considerar a sus trabajadores como tales impidiéndoles acceder a derechos básicos como vacaciones o indemnización.

 

EE.UU.: una disputa de costa a costa

En 2021, poco tiempo después de la aprobación de la ‘Ley Rider’ española, la ciudad de Nueva York aprobó una serie de leyes para garantizar mejores condiciones laborales a las 65 mil personas que trabajan para empresas de delivery. Entre los puntos más destacados se planteó un pago mínimo, que los trabajadores exigen que sea de 24 dólares por hora (actualmente ganan en promedio 11, contando propinas). Sin embargo, al día de hoy no se estableció todavía el monto y las autoridades de la ciudad lo continúan debatiendo.

También se le prohibió a las empresas cobrar a sus trabajadores por acceder a su dinero (les descontaban comisiones), las obliga a que hagan públicas sus políticas con respecto a las propinas (en algunos casos no se informaba de cuánto era y la empresa se las quedaba) y deben garantizar los materiales como la mochila o bolsas para el traslado de los productos. Finalmente limita la distancia de cada viaje y garantiza que los restaurantes presten sus baños a quienes hacen las entregas.

Aunque la entrada en vigencia de estas disposiciones ha sido dispar, le ha dado un empuje al sindicato del sector: Los Deliveristas Unidos, creados por el Workers Justice Project (WJP), organización fundada en 2010 y que actualmente nuclea a unos 12 mil trabajadores de distintos ámbitos -en su mayoría migrantes- según su propia página web. Además de luchar por garantizar los derechos básicos, Los Deliveristas y WJP se proponen impulsar espacios de capacitación; el desarrollo de cooperativas; y la creación de centros de descanso para los repartidores donde puedan cargar sus teléfonos, ir al baño, comer o simplemente tomar un respiro de su jornada de trabajo.

En 2022 la Ciudad de Seattle aprobó también una ley que entró en vigencia este 2023 para que las empresas paguen por milla y por minuto a sus trabajadores, buscando elevar sus salarios al mínimo establecido para la ciudad: 17,27 dólares por hora.

Sin embargo, la batalla más importante se dio en el Estado de California donde en 2019 sus legisladores aprobaron la Ley AB5 que planteaba el reconocimiento de la relación laboral de todos los trabajadores de plataformas. La normativa abrió una serie de juicios contra las distintas empresas, en la cuna misma de ese sistema de fraude laboral (en ese territorio nació Uber).

Pero la reacción no se demoró y mientras las y los estadounidenses elegían a Joe Biden como presidente en noviembre de 2020, el pueblo de California votaba en un referéndum la Propuesta 22 que finalmente sería aprobada. Esta iniciativa fue creada por las empresas para contrarrestar la legislación laboral, y con una inversión millonaria en campañas publicitarias lograron revertir los derechos que garantizaba la AB5. Así se adoptó un sistema mixto, donde se sigue considerando autónomos a los trabajadores y se le garantizan derechos mínimos: un salario básico que sea el 120% del mínimo estatal, pero que no contempla gastos (combustible, reparaciones, mochila, etc.) y un estipendio minúsculo para pagar un seguro médico, siempre y cuando trabajen 15 horas netas semanales. Es decir, tiempo de viaje con pasajeros o productos sin contar los tiempos de espera.

 

Chile abre la puerta para la regulación en América Latina

El 1° de septiembre de 2022 entró en vigencia la ley 21.431 en Chile. Se trata de la primera en América Latina que apunta a regular, en este caso, la relación laboral de todas las aplicaciones de transporte. Es decir que abarca no solo a repartidores, si no también -por ejemplo- conductores de Uber.

La misma habilita que haya trabajadores dependientes y autónomos, según se atengan a lo establecido por el Código de Trabajo del país. No obstante, en ambos casos se deberán realizar contratos que establezcan términos y condiciones; precios y tarifas; criterios de contacto y coordinación entre trabajador y usuario; protección de datos personales; y tiempos máximos de conexión.

Los empleados tendrán derecho a la cobertura de seguridad social, un seguro laboral, los implementos para desarrollar su trabajo, capacitación, tarifas mínimas y derecho a la desconexión, no menor a 12 horas corridas dentro de un período de 24 horas. Asimismo podrán organizarse colectivamente en sindicatos si así lo disponen.

A nivel regional, la reforma laboral impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro incluye a los trabajadores de plataformas digitales, a los que apunta a garantizar derechos básicos: contrato por tiempo indefinido, obra social, vacaciones pagas. También el gobierno neoliberal de Luis Lacalle Pou en Uruguay presentó una iniciativa que busca asegurar derechos mínimos aunque omite deliberadamente especificar la relación laboral entre empresas y trabajadores (un modelo similar al de California).

El tema también está en discusión en países como México, Perú y Brasil.

 

La lucha sindical en Corea del Sur y Rusia

El 28 de septiembre de 2022 distintos sindicatos de plataformas surcoreanos realizaron la primera Conferencia de Trabajadores de Plataformas del país. “Aunque la industria y el trabajo que realizan son diferentes, todos son 'trabajadores de plataforma'. El punto en común más significativo es que las empresas que obtienen ganancias de su trabajo no asumen responsabilidades por los trabajadores”, escribió Min-gyu Oh, director ejecutivo de Finding Hope for Platform Labour e investigador sénior del Labor Research Institute Emancipation.

Un antecedente de este encuentro se había dado en 2021 cuando las distintas agrupaciones gremiales se reunieron para oponerse a la Ley de trabajadores de plataformas impulsada por el entonces primer ministro Moon Jae-in. El proyecto buscaba mantener el statu quo de violación de derechos laborales, pero legalizándolos. Sin embargo, la oposición a la iniciativa hizo que nunca llegue a aprobarse.

Tras las elecciones generales de 2022, los sindicatos lograron un pequeño avance legislativo. Es que hasta entonces la Ley de Seguro de Compensación por Accidentes Industriales de Corea, solo cubría a quien tuviera un empleador. Pero la mayoría de los repartidores trabajan para varias plataformas, como Baemin (propiedad de Delivery Hero) y CoupangEats, lo que los inhabilitaba para acceder. Esos artículos fueron finalmente abolidos.

Asimismo consiguieron negociaciones colectivas entre los principales sindicatos con las respectivas empresas como el caso de Rider Union con CoupangEats y Daeri Drivers Union con Kakao Mobility. No obstante, continúan la lucha por demandas ya habituales en este sector: que se aplique plenamente el derecho laboral, que se establezca un salario mínimo y que se explicite cómo funciona el algoritmo, entre otras.

En Rusia, tras la invasión a Ucrania, las empresas extranjeras abandonaron el país producto de las sanciones de EE.UU. y la Unión Europea por lo que el mercado quedó en manos de Yandex. Del 20 al 25 de diciembre de 2022, el sindicato Courier organizó una huelga de repartidores que abarcó a 15 ciudades.

Los reclamos fueron los habituales, agravados porque la empresa no acepta tampoco ningún tipo de negociación colectiva. Además, el paro sumó en su pliego de reclamos que, tras adquirir a uno de sus competidores (Delivery Club), Yandex realizó recortes salariales pasando de 110 rublos (1,35 dólares) a 70 rublos (87 centavos de dólar) por pedido.

Como señaló un artículo de la revista Jacobin, la política de ajuste sobre los trabajadores no se condice con las ganancias empresariales. Es que los ingresos del departamento de tecnología alimentaria de Yandex -incluida Yandex.Eats que es la que gestiona a los repartidores-, así como el servicio de compras en línea Yandex.Market, aumentó un 124% interanual en el tercer trimestre de 2022, alcanzando los 9.800 millones de rublos. Mientras que los ingresos totales de Yandex durante el mismo período aumentaron un 52% en comparación con el año anterior, hasta 91.300 millones de rublos.

La medida de fuerza de Courier cobra otro significado si se tiene en cuenta la persecución gubernamental a la organización. El principal dirigente, Kirill Ukraintsev, que saltó a la fama como YouTuber de izquierda antes de liderar el sindicato, fue arrestado en abril del año pasado acusado de “violar las reglas de reunión” y permanece en prisión. Además, un mes antes de la huelga, la policía detuvo al copresidente de Courier, Said Shamhalova, bajo sospechas de “intención de cometer un robo”, aunque luego fue puesto en libertad.

 

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Este extenso, pero aún así incompleto repaso, da cuenta de una dinámica global que afecta de manera similar -en los distintos países- a los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, pero se extiende más allá. A pesar de los constantes intentos de fragmentar a la clase trabajadora, las lógicas compartidas de explotación patronal a nivel mundial continúan unificando luchas y reclamos compartidos.