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Según señalaron desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, el proceso judicial está basado en testimonios considerados dudosos y presentaría contradicciones dentro de la causa. La organización sindical sostiene que se trataría de una causa “armada” con el objetivo de criminalizar la protesta social.
Durante aquella jornada de movilización fueron detenidos dirigentes sindicales, militantes y un trabajador de prensa, quienes posteriormente fueron trasladados al penal de Bouwer. Entre los detenidos se encontraba Federico Giuliani, secretario general de ATE y de la CTA Autónoma Córdoba, quien permaneció durante 24 horas esposado a una cama de hospital, de acuerdo con lo denunciado por el sindicato.
También fueron detenidos Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la CTA Córdoba; César Theaux, secretario de Derechos Humanos, quien además se identificó como abogado durante el operativo; y Fermín Denipoti, trabajador de prensa que se encontraba cubriendo los hechos al momento de las detenciones.
Desde ATE Córdoba sostienen que el expediente judicial forma parte de una estrategia más amplia para desalentar las protestas sociales en la provincia y avanzar en la implementación de un esquema represivo similar al denominado “protocolo antipiquetes”.La organización difundió un comunicado en el que expresa su rechazo a la elevación a juicio de la causa y reclama el cierre del expediente, al tiempo que advirtió sobre las implicancias que podría tener el caso para el ejercicio del derecho a la protesta.
