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Según el planteo, el magistrado habría incurrido en presuntos delitos vinculados al abuso de autoridad y la violación de deberes de funcionario público, al intervenir en una normativa que, a criterio de los denunciantes, corresponde exclusivamente al ámbito del Poder Ejecutivo y del Congreso. En ese marco, solicitaron que se avance con una investigación judicial y reclamaron que, de comprobarse las irregularidades, se le impongan sanciones que incluyen prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El fallo en cuestión había ordenado la suspensión de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en respuesta a presentaciones realizadas por sectores sindicales que denunciaban la inconstitucionalidad de algunos artículos. La medida cautelar generó una fuerte reacción política y jurídica, con críticas desde el oficialismo y respaldo por parte de organizaciones gremiales.
Desde los espacios que promovieron la denuncia sostienen que la resolución judicial afecta la seguridad jurídica y altera el equilibrio de poderes, mientras que otros actores advierten que la decisión se enmarca en las facultades del Poder Judicial de controlar la constitucionalidad de las normas.
El caso abre un nuevo frente de disputa institucional que podría escalar en los tribunales, en un contexto de alta tensión entre el Gobierno, el Poder Judicial y los sindicatos por el rumbo de las reformas estructurales.
