En diversos medios de prensa se informó durante toda la jornada del miércoles que los judiciales tuvimos un incremento salarial extraordinario durante el presente año, que fue situado en el orden de 69%. La información es inexacta. Hasta el día de la fecha, los judiciales sólo obtuvimos durante el año 2019 un aumento del 15%, pagado en dos cuotas de 7,5% cada una, en mayo y junio. El 10% percibido en marzo de este año, que erróneamente se suma a la cuenta total, corresponde a la pauta salarial del año pasado, mientras que el 30 % escalonado que se carga en el haber salarial de los judiciales, aún no se cobró pues resta la autorización del Poder Ejecutivo, y en caso de ser pagado terminará de abonarse en enero del año próximo. ¿Qué país tendremos entonces?
Si bien la pelea de nuestro sindicato fue por igualar en los incrementos salariales los índices de inflación, todos los aumentos registrados en los últimos 4 años estuvieron siempre por debajo. En esta rebaja salarial el gobierno tuvo dos aliados clave: la Corte Suprema, disponiendo siempre incrementos a la baja, y Julio Piumato, titular de la UEJN, quien fue un permanente justificador de la regresividad en los salarios. En efecto, “no es momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada del país”, declaró en 2016, mientras justificaba los despidos en el Estado porque “la mayoría son ñoquis”.
Por otra parte, la sociedad debe saber que los judiciales no tenemos convenio colectivo de trabajo, razón por la cual no existen negociaciones paritarias en el ámbito de la Justicia nacional y federal. Los incrementos salariales son decididos en absoluta soledad por la Corte Suprema, que resuelve aplicar índices de incremento iguales para un juez de la Corte y para un ordenanza. Es por eso que desde SITRAJU exigimos la conformación de una mesa de negociación salarial, para que se reconozca la brecha existente entre los salarios de los magistrados y de los empleados a la hora de resolver un aumento, porque no impacta del mismo modo en los bolsillos de unos y otros.
Asimismo, debe saberse también que desde el año 2017 todos los judiciales que ingresan a trabajar pagan el impuesto a las ganancias, a contramano de la promesa del actual gobierno, que ganó las elecciones anunciando su total eliminación. En cambio, quienes trabajaban desde antes de la imposición de ese impuesto, no lo tributan porque hacerlo significaría una violación de los derechos adquiridos y una aplicación retroactiva de la ley, que la Constitución Nacional prohíbe expresamente.
El Poder Judicial es rico, son cuentas son superhabitarias. El Máximo Tribunal administra un millonario fondo anticíclico que se nutre de partidas de presupuesto para obras de infraestructura sin ejecutar, vacantes de personal sin cubrir, que duerme en plazo fijos bancarios, la mitad de ellos en moneda extranjera. Por lo tanto, con cada devaluación los beneficios financieros del Poder Judicial aumentan, en inversa proporción a la penuria de los trabajadores judiciales, que se profundiza.
Si sumamos la inflación total registrada en los últimos cuatro años (168% en números redondos), y los aumentos salariales otorgados en el mismo período (117%), observamos una pérdida salarial acumulada del orden de 51%. Los verdaderos números, sin ningún forzamiento, no mienten. El bolsillo no aguanta. Queremos el pase a planta de todos los judiciales que laboran en condición de inestabilidad (incluso con locaciones de servicio, como los agentes de tránsito porteño), y un aumento salarial urgente, del 25 % al 1º de julio.
