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El proyecto, impulsado por la diputada Mónica Macha (UP), será debatido formalmente el próximo martes en un plenario de la Comisión de Mujeres y Diversidades.
“Argentina necesita que sea la propia ley la que proteja a las trabajadoras y a las estudiantes de situaciones que jamás elegirían”, afirmó Macha, subrayando la urgencia de brindar una herramienta legal que permita a las víctimas defenderse en contextos de vulnerabilidad y asimetría de poder.
La propuesta, que modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, establece que el acoso sexual constituye “una conducta o comportamiento de índole sexual no consentido, que atenta contra la dignidad de la mujer, generando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo”.
El proyecto cuenta con el respaldo de destacadas legisladoras y legisladores de distintas fuerzas, entre ellas, Silvana Guidici, Silvia Lospennato y Sofia Brambilla (PRO), Carla Carrizo (Democracia para Siempre), y Vanina Biasi (izquierda), quienes consideran que el acoso en espacios de trabajo y estudio debe tratarse como un asunto de interés público.
Una deuda pendiente en el ámbito académico y laboral
“En Argentina tenemos normas que penalizan el acoso callejero, pero no los abusos que ocurren en los espacios de trabajo o estudio”, enfatizó Macha, diferenciando estos contextos de otros tipos de violencia sexual y destacando que “no es lo mismo el comportamiento de un exhibicionista en la vía pública que el de un profesor o colega en posición dominante”.
Según Macha, este proyecto viene a saldar una deuda con quienes experimentan el abuso en lugares que, en teoría, deberían ser seguros. “¿Qué puede hacer una joven de 18 años que necesita ser aprobada en la universidad para empezar a construir sus sueños, si la ley no contempla su calvario?”, cuestionó, dejando en claro el vacío legal existente.
Protección para las empresas y sanciones justas para agresores
La legisladora también destacó que este marco legal podría facilitar las medidas disciplinarias en el ámbito laboral, ofreciendo a las empresas herramientas para despedir con causa a empleados acosadores. “Este proyecto permitiría que una empresa que quiera despedir a un acosador no enfrente juicios ni deba asumir indemnizaciones desproporcionadas”, explicó.
Con el objetivo de visibilizar un problema históricamente ignorado, Macha sostuvo que “la violencia por acoso sexual en contextos laborales y académicos ha sido naturalizada e invisibilizada por la sociedad, las instituciones y el sistema judicial”. En su visión, esta ley representa un avance crucial para desarticular un tipo de violencia que persiste en diversos espacios y que afecta, de manera directa, la dignidad y el bienestar de trabajadoras y estudiantes.
