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El proyecto declara una emergencia pública laboral hasta el 31 de diciembre de 2025 en el ámbito de la administración pública nacional. Esto se realiza en virtud de "la vigencia del principio protectorio de la estabilidad" y "el principio de progresividad" de la Constitución Nacional.
Durante la vigencia de la ley, se prohibirían despidos o suspensiones de trabajadores y trabajadoras en el ámbito público sin importar su modalidad contractual o fecha de ingreso al empleo. Esto busca proteger a los empleados públicos de posibles medidas laborales arbitrarias.
El proyecto también establece que cesen los despidos y suspensiones de personal del régimen de contrataciones por tiempo determinado a partir del 10 de diciembre de 2023, y garantiza su continuidad laboral con efecto retroactivo a esa fecha.
En caso de supresión de cargos y funciones debido a reorganizaciones administrativas, el proyecto dispone que se garantice la reubicación de los trabajadores afectados dentro de la Administración Pública Nacional. Esto busca minimizar el impacto de posibles cambios estructurales.
"Nuestro objetivo es proteger a los trabajadores públicos de decisiones arbitrarias que podrían afectar su estabilidad laboral", explicó la diputada Carolina Gaillard. Por su parte, Juan Marino afirmó que "la reincorporación de los despedidos desde diciembre pasado es fundamental para asegurar la estabilidad del personal estatal".
