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Los firmantes reivindicaron la "cultura de la legalidad, de la vida en libertad y con justicia" ante un contexto donde, consideraron, Argentina se encuentra ante la "antinomia de la democracia o la mafia".
El documento denunció el "vínculo directo" entre D'Alessandro y Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y consideró que, de esa manera, se favoreció "la entrega de la coparticipación -que corresponde a las provincias- a la ciudad puerto, corazón del capitalismo y el despojo", al hacer referencia a los supuestos chats de conversaciones entre ambos funcionarios sobre ese fallo.
Con esos argumentos, los dirigentes de distintos sectores manifestaron su apoyo al juicio político a la Corte para iniciar "un camino emancipatorio" y denunciaron "el uso espurio de la coparticipación en favor de la campaña política" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
"El aporte que la Corte Suprema pretende entregar al PRO es una operación comparable a la que Mauricio Macri implementó con el FMI al recibir para su campaña política de 2019", señalaron.
En esa línea, recordaron que el préstamo de 45 mil millones de dólares lo "deberán pagar generaciones de argentinos, en un acto de saqueo de ese Gobierno y sus funcionarios, que aún no tiene castigo".
Además, apuntaron a "la negociación abierta de licitaciones y coimas en el sistema de grúas, con adjudicaciones directas del jefe de Gobierno local (de Rodríguez Larreta)", en relación a los mensajes que circularon entre D'Alessandro, hoy en uso de licencia, y el empresario Marcelo Violante, que operaba ese servicio en la Ciudad.
De esa manera, señalaron que "los casos de connivencia" entre funcionarios del Poder Judicial con el Gobierno porteño "son una muestra de la injusticia a la que se somete diariamente a nuestro pueblo".
También destacaron que "la peor emergencia del poder se manifestó con la condena sin pruebas y la proscripción a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", y afirmaron que la sentencia en su contra fue una "prolongación del intento de magnifemicidio" del que fuera víctima la exmandataria.
"Es imperioso dar por tierra con esta connivencia que afecta profundamente a la democracia, al Estado de Derecho y a la vida en común", exhortaron.
Abogaron por la necesidad de "lograr equilibrios renovados dentro del Poder Judicial" para así "terminar con un proceso de manipulación iniciado el 24 de marzo de 1976, nunca desarticulado en los años de democracia, y un régimen de justicia corporativa que responde a intereses ideológicos y de clase".
"Sólo eso permitirá reformar una legislación que hoy favorece, en sus términos y su operatividad, a la mafia que se beneficia del régimen, cuya máxima expresión anida en el atrincheramiento de Juntos por el Cambio (JxC) y en sus aliados libertarios, y en su resistencia a terminar con el Estado paralelo, mafioso y delincuencial que montó en sus años de gobierno", continuaron.
La solicitada, publicada en los medios Página 12 y Tiempo Argentino, lleva las firmas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y Nora Cortiñas; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la dirigente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano.
También suscribieron el escritor y periodista Mempo Giardinelli; el sociólogo y politólogo Atilio Borón; la socióloga feminista Dora Barrancos; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, entre otros.
