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Desde los sectores docentes señalaron que el Poder Ejecutivo acumula 181 días sin cumplir la normativa, equivalente a seis meses desde su ratificación. La ley había sido votada por el Congreso, posteriormente vetada por el Gobierno y luego ratificada con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. A esto se suman fallos favorables en primera y segunda instancia del Poder Judicial, que respaldan su vigencia.
Según denunciaron, el Ejecutivo es actualmente el único de los tres poderes del Estado que se niega a acatar la ley.
En el plano salarial, los gremios advirtieron que la docencia universitaria requiere un incremento del 55% para recuperar el poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023. Asimismo, indicaron que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año, situación que mantiene a un número significativo de docentes con ingresos en torno a los 250.000 pesos mensuales.
El conflicto universitario continúa así en escalada, con nuevas medidas de fuerza que buscan visibilizar la crítica situación del sistema y presionar por una respuesta oficial.
