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Se trata del primer amparo colectivo a nivel nacional que cuestiona el desfinanciamiento de la educación técnico-profesional. La presentación fue impulsada por Agustín Letcher, Tamara Bezares, Pablo González, Gabriel Ponce, Adrián Ojeda, Gerardo Marchesini y Rodolfo Zárate.
En su resolución inicial, el tribunal consideró que existe “una afectación común y homogénea” sobre el conjunto de estudiantes del sistema técnico estatal, lo que justifica que el caso avance como una acción colectiva, con impacto sobre toda la población involucrada y no solo sobre quienes iniciaron la demanda.
El planteo judicial apunta contra las modificaciones introducidas por el Presupuesto 2026, que eliminaron herramientas centrales de financiamiento, como el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, además de los pisos mínimos de inversión en educación y en ciencia y tecnología.
Desde las familias advirtieron que estos recortes ya se traducen en un deterioro concreto de las condiciones de cursada. En ese marco, solicitaron además una medida cautelar para suspender de forma inmediata los efectos del artículo 30 mientras se resuelve la cuestión de fondo. El objetivo es frenar el impacto del ajuste en aspectos sensibles como el equipamiento, la infraestructura, los insumos y las prácticas profesionalizantes.
La decisión judicial marca un antecedente relevante porque reconoce que no se trata de situaciones aisladas, sino de una afectación estructural al derecho a la educación técnico-profesional. El fallo se inscribe en un contexto más amplio de ajuste sobre áreas clave del sistema educativo, con impacto directo en la formación de futuros trabajadores calificados.
