En un comunicado en redes sociales, Adorni señaló: “El Gobierno nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas”. Además, sostuvo que “la Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley”.
Aunque el vocero no especificó cuáles serán las normas revisadas, actualmente existen en el Estado diversos cupos laborales. Entre ellos, se destaca el cupo laboral travesti-trans, que garantiza al menos el 1% de los cargos públicos para personas travestis, transexuales y transgénero, y el cupo femenino, establecido por la Ley 24.012, que exige un mínimo del 30% de mujeres en las listas de los partidos políticos. Además, está vigente la ley de paridad de género que obliga a alternar mujeres y varones en las listas de senadores y diputados.
El anuncio de Adorni coincide con la implementación del nuevo Sistema de Evaluación Pública (SEP) por parte del Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger. Esta medida incluye un examen obligatorio para alrededor de 40 mil trabajadores estatales cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre. Según la cartera, el examen tiene como objetivo garantizar que las renovaciones de contratos se basen en la evaluación de méritos.
La posible eliminación de los cupos está generando preocupación en sectores laborales y colectivos vulnerables. Desde el colectivo travesti-trans, advierten que estas medidas podrían vulnerar derechos adquiridos. “Los cupos no son privilegios, son herramientas de reparación histórica y de inclusión en un país que no nos da las mismas oportunidades”, expresó una dirigente del sector.
Por ahora, el Gobierno no dio detalles concretos sobre cuándo se oficializarían los cambios ni cuáles serán los cupos eliminados.
