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Esta medida se enmarca en un plan de ajuste del Estado, afectando directamente a uno de los organismos más importantes para la expansión y mejora de los servicios de agua y cloacas, especialmente en regiones vulnerables.
Con 61 años de trayectoria, el ENOHSA ha sido un pilar fundamental para llevar agua potable y saneamiento a las zonas más postergadas del país, donde la inversión privada escasea. Hasta ahora, se estima que el 80% de la población argentina accede al agua potable y alrededor del 60% cuenta con sistemas de cloacas, aunque estos porcentajes varían entre regiones, lo que hace indispensable la labor de este organismo para cerrar la brecha. Sin embargo, el anuncio de su disolución pone en riesgo la continuidad de proyectos de infraestructura esenciales y podría significar un retroceso en los avances logrados en materia de salud pública y desarrollo social.
Desde la llegada de la nueva administración, el personal del ENOHSA ya había sufrido un recorte del 35%, afectando la capacidad operativa del organismo. Ahora, el cierre definitivo significará la pérdida de 230 puestos de trabajo de profesionales capacitados, lo que también implica la pérdida de conocimientos técnicos clave para garantizar la sostenibilidad y calidad de las obras de saneamiento en el país.
José Luis Lingeri, secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), manifestó su preocupación: “Cerrar el ENOHSA es un golpe brutal no solo para los trabajadores sanitaristas, sino para todos los argentinos que aún hoy no tienen acceso a agua potable y saneamiento. Esto significa desmantelar un organismo que históricamente ha garantizado un derecho fundamental. Estamos hablando de salud pública y de dignidad. Las consecuencias serán gravísimas, sobre todo para los sectores más postergados.”
El ENOHSA no solo gestionaba obras de gran envergadura, sino que también brindaba asistencia técnica a municipios y gobiernos provinciales, asegurando que los proyectos fueran sostenibles a largo plazo. Con su cierre, aumenta la vulnerabilidad de comunidades que dependían de estos servicios para acceder a agua segura y saneamiento básico. La medida ha generado fuertes críticas y preocupación por el impacto que tendrá en las provincias y en las familias que podrían ver comprometido su acceso a servicios básicos esenciales para una vida digna.
