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El ajuste impactó con fuerza en empresas públicas y organismos técnicos. Correo Argentino encabeza la lista con 4.705 despidos, seguido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP) con 1.694, Aerolíneas Argentinas con 1.558, AySA con 1.463 y CONICET con 1.422. También se registraron recortes en ANSES (1.272), la Operadora Ferroviaria (1.333) y el Banco Nación (765) .
En términos porcentuales, algunas áreas fueron prácticamente desmanteladas. La empresa Desarrollo de Capital Humano Ferroviario redujo su dotación en un 99,7%, mientras que la ex Télam perdió el 79% de su personal. Otros organismos con caídas drásticas incluyen ENARSA (66,7%), el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (60%) y el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte (52%) .
Desde el CEPA advierten que estas medidas no solo achican el Estado, sino que afectan su capacidad de gestión y regulación. "Esta política de desguace está alineada con el objetivo explícito de la gestión libertaria de reducir el Estado, no solo en su tamaño sino también en sus capacidades regulatorias y de gestión", señala el informe .
El recorte también tuvo impacto presupuestario. Según datos oficiales, la reducción del personal en la Administración Pública Nacional permitió un ahorro proyectado de u$s4.548 millones, lo que equivale a un ahorro mensual estimado de aproximadamente u$s349 millones .
El ajuste no se limitó al empleo. La ejecución presupuestaria en áreas clave como salud, educación y desarrollo social también sufrió recortes significativos. Por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo recortó un 85% de su ejecución, y el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 81% .
