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La decisión generó un inmediato repudio por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su secretario general, Rodolfo Aguiar, aseguró que “el Gobierno actúa al margen de la ley” y que con esta resolución “se fractura el Estado de Derecho”.
“Esta decisión del Gobierno es muy grave. Desafía a dos poderes del Estado. Se desobedece una sentencia judicial y se incumple lo decidido por el Congreso de la Nación. Es una medida que aumenta el deterioro democrático de nuestro país”, expresó Aguiar.
Desde el gremio señalaron además que el listado de los trabajadores alcanzados por la medida incluye a delegados sindicales y agentes que participaron de las protestas contra el decreto, lo que para ATE constituye un claro caso de persecución gremial.
El propio Aguiar adelantó que el equipo jurídico de la organización se presentará ante la Justicia para frenar los despidos. “Lo que hizo el Gobierno minutos después de la votación es un acto administrativo viciado e inaplicable, dictado con malicia y violando la ley. Vamos a hacer una rápida presentación judicial y no descartamos nuevas medidas de fuerza”, advirtió.
Cabe recordar que un día antes la Justicia Federal había dictado una medida cautelar que ordenaba al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar actos administrativos derivados del DNU en cuestión, incluyendo los pases a disponibilidad.
