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El presidente del INTA, Juan Cruz Molina Hafford, conocido por su apoyo al agronegocio y su oposición a la agroecología, es señalado como el principal impulsor de esta medida. En una reunión en la Secretaría de Bioeconomía, se comunicó al referente nacional de comunicaciones del INTA que estos términos no debían ser utilizados. Posteriormente, esta directiva se transmitió de manera verbal e informal a los comunicadores regionales.
“No es una sorpresa para quienes trabajamos en el organismo, ya que están propiciando no tratar la Agenda 2030 que está trabajando todo el mundo”, afirmó Mario Romero, titular del sindicato, en declaraciones a Radio 750. Añadió que, “todos los trabajadores están recibiendo propaganda de la vocería presidencial todas las semanas, algo que en otros tiempos hubiese sido un escándalo”.
El 11 de junio, Apinta emitió un comunicado denunciando la censura y alertando que la prohibición afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030. Dos semanas después, en un encuentro de comunicadores regionales del INTA, las autoridades volvieron a insistir en la recomendación de no usar estas palabras y reducir la presencia en redes sociales como Twitter (ahora X). “Nos llegó información de que en los equipos de comunicaciones regionales del INTA recibieron una bajada de línea sobre no utilizar esas palabras”, indicó Romero.
Consultado por el portal de la Agencia de Noticias Tierra Viva, Máximo Bontempo, director de Comunicación del INTA, no quiso responder sobre el veto de las mencionadas palabras. Por su parte, Romero enfatizó la preocupación del sindicato: “La situación pone en riesgo los objetivos institucionales y los objetivos trazados en el Plan Institucional adoptado para el período 2015-2030”.
El sindicato también cuestionó el uso de bots y trolls ligados al Gobierno que descalifican al INTA y la recepción de correos de “propaganda política y adoctrinamiento” desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación.
Historia de censura en el INTA
La censura en el INTA no es nueva. En junio de 2023, la dirección nacional del INTA instruyó a la investigadora Virginia Aparicio a suspender la comunicación pública de los resultados del proyecto Sprint, que evaluaba la presencia de plaguicidas en Europa y Argentina, evidenciando su presencia en suelos, agua, aire y cuerpos humanos.
A fines de 2022, ATE-INTA denunció que el INTA Córdoba, bajo la dirección de Hafford, realizó un sumario al ingeniero agrónomo César Gramaglia, especialista en agroecología, por difundir técnicas agroecológicas contrarias al modelo convencional con agrotóxicos.
En 2018, el estudio “Plaguicidas en el ambiente” fue eliminado del repositorio digital del INTA, aunque posteriormente fue republicado tras hacerse público el retiro de la publicación. Y en 2017, Hernán Trebino, director del Centro Regional Buenos Aires Norte, prohibió a sus trabajadores usar la palabra “agrotóxico”, argumentando que el término implicaba una posición valorativa negativa. En su lugar, se debía utilizar “productos fitosanitarios” o “agroquímicos”.
La censura del INTA, entonces, no es un fenómeno aislado, sino una estrategia que ha ido en aumento en los últimos años, siempre alineada con intereses del agronegocio y en detrimento de las prácticas y conocimientos que promueven la sostenibilidad y el cuidado ambiental.
