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El pronunciamiento fue realizado en una carta que el G6 envió a la Corte Suprema de Justicia, en la que manifestaron su preocupación por lo que consideran una “proliferación descontrolada” de manifestaciones y cortes de ruta. Según el texto, estas acciones afectarían “derechos constitucionales de circulación, trabajo y comercio”.
Las expresiones del grupo empresario generaron una rápida reacción de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Córdoba, su secretario general, Federico Giuliani, criticó duramente el planteo: “Para el G6, las ganancias son sagradas, pero los derechos populares son un obstáculo. Ellos ven un privilegio en la protesta social porque nunca conocieron el hambre ni la exclusión”, expresó.
Giuliani también recordó que los sectores que hoy impulsan estas iniciativas fueron los mismos que durante el gobierno de Mauricio Macri se beneficiaron con el endeudamiento externo, las políticas de ajuste y la flexibilización laboral.
En este contexto, diversas organizaciones convocaron a mantenerse en estado de alerta y movilización, entendiendo que las declaraciones del G6 forman parte de un intento más amplio de restringir derechos y libertades públicas.
Desde distintos espacios, se planteó que la protesta social no es un privilegio, sino una herramienta legítima y constitucional para defender derechos frente a políticas regresivas y situaciones de emergencia social.
