El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a dos ex jefes de la planta de General Pacheco de la empresa Ford, como partícipes necesarios de detenciones ilegales y tormentos. Se trata de un hito en la sanción de la responsabilidad civil con el terrorismo de Estado.
El TOF 1 de San Martín condenó al ex jefe de Manufactura de la empresa Ford Pedro Müller a 10 años de prisión, al ex jefe de Seguridad de la planta Héctor Sibilla, a 12, y a Santiago Riveros, ex titular de Institutos Militares del Ejército, a 15 años. Además, el tribunal consideró que las penas deben cumplirse en cárceles comunes.
Como señala el CELS: "La investigación Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado definió cuánto estaba involucrada Ford con la dictadura: en el predio de la empresa se montó un centro clandestino de detención que funcionó en el espacio del quincho del campo de deportes confeccionó un listado de trabajadores que entregó a las fuerzas represivas para detenerlos facilitaron legajos personales, fotografías y camionetas para los traslados. Muchas de las detenciones se produjeron, además, en el interior de la fábrica, en horario laboral, frente a compañeros y directivos".
La querella en representación de los trabajadores secuestrados y torturados entre marzo y mayo de 1976 fue llevada adelante por Elizabeth Gómez Alcorta, Tomás Ojea Quintana y Marcos Aldazabal. Tomás Ojea Quintana define afirma a Página 12 que "Se hizo justicia. Quedó completamente acreditado que la empresa Ford fue cómplice de la dictadura militar y adelanta "Este juicio fue contra los individuos. Nuestro próximo objetivo es la sociedad Ford y que sea la empresa la que rinda cuentas".
