El fallo, emitido el 15 de mayo, ampara a estas personas bajo la Ley N° 27.636 —denominada “Diana Sacayán – Lohana Berkins”— que prevé protección para quienes ingresan a la Administración Pública Nacional.
Según informaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes habían tenido que intimar a las autoridades correspondientes, los cinco empleados volvieron a ocupar sus puestos el viernes anterior. Además, recibieron el respaldo de representantes de los ámbitos estatal, cultural, cinematográfico, social y político, que organizaron un abrazo colectivo en señal de solidaridad.
ATE-INCAA criticó la política de despidos masivos y los procesos de vaciamiento que, aseguran, afectaron tanto la capacidad técnica como el profesional de respuesta del instituto. Señalaron que el Estado había formado durante años a muchos trabajadores que quedaron sin tareas o fueron sometidos a retiros voluntarios “extorsivos” y pases a disponibilidad.
También destacaron que esta medida judicial constituye un “paso favorable” dentro de la lucha legal, sindical y política, y la consideran un revés para el Gobierno actual, al que acusan de una retórica crítica hacia los empleados estatales mientras se registran este tipo de situaciones de ajuste.
