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La reunión también contó con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, y del Almirante Carlos María Allievi, y fue solicitada por el propio Daer para abordar el reclamo de 560 trabajadores tercerizados en el Hospital Naval Buenos Aires “Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo”.
Aunque el motivo oficial del encuentro fue ese, el contexto político le dio otra lectura: el Gobierno viene de emitir el Decreto 340/25, que endurece aún más las restricciones al derecho de huelga al ampliar la lista de actividades consideradas “esenciales”. Una medida similar ya había sido intentada en el DNU 70/23, pero fue suspendida por la justicia.
Tras la reunión, Daer dialogó con la prensa y fue tajante: “Están reiterando lo mismo que estaba en el DNU 70/23, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades. Cambiándole un rubro de ‘trascendental’ a ‘esencial’, volvieron a sacar el mismo DNU. Para nosotros sigue vigente la suspensión”.
El dirigente sindical anticipó además que la CGT volverá a recurrir a la justicia: “Entre el lunes y martes estamos actuando nuevamente. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la justicia en primera y segunda instancia”.
También tildó el nuevo decreto de “inconstitucional”, al señalar que el Congreso “está abierto y en funciones”, por lo que no corresponde legislar por decreto sobre una cuestión de derechos laborales.
Aunque negó que en la reunión con Francos se haya tratado el tema del DNU, Daer dejó en claro su rechazo al intento del Gobierno de avanzar con una reforma laboral a través de la Ley Bases: “No generó puestos de trabajo ni formalidad. El único crecimiento es en la informalidad”.
Y agregó: “No vemos que lo necesario hoy sea reformular los derechos de los trabajadores. Lo que sí hay que discutir es cómo se reparte el trabajo, la jornada laboral, en una reducción de horas”.
Por último, señaló que mantiene diálogo con el asesor presidencial Santiago Caputo, pero negó que exista una “mesa de diálogo” formal entre el Ejecutivo y la CGT.
El nuevo decreto presidencial y la posible judicialización por parte de la CGT vuelven a tensar la relación entre el Gobierno y el movimiento sindical, que por ahora descarta un paro general, pero no cierra la puerta a futuras medidas.
