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“Los hechos son tan frecuentes e impactantes que no pasan desapercibidos para la población, pese a los intentos del Gobierno por minimizarlos”, expresó la CTA-A, en un pronunciamiento que apunta directamente al gobernador Martín Llaryora y al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.
El comunicado sostiene que “mientras promueve endurecer la legislación para reprimir la protesta social, Quinteros acumula denuncias y un sinnúmero de detenciones del personal policial a su mando que puebla las celdas del penal de Bouwer”.
Entre los casos señalados se encuentra el del asesinato de Blas Correas, ocurrido en agosto de 2020. En 2023, la Justicia dictó un fallo histórico y determinó que hubo “total desprecio por la vida humana” por parte de los policías involucrados, remarcando que existió una “práctica estructurada de violación de derechos”.
La central también recordó el reciente desplazamiento de Maximiliano Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, y la condena a siete agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Cruz del Eje por robar drogas incautadas. Además, destacó que en diciembre de 2023 fue detenido Gustavo Folli Pedetta, exsubjefe de la Policía, acusado de liderar una asociación ilícita, y el exjefe del Servicio Penitenciario Juan María Bouvier, en el marco de la “Causa Bouwer”.
A estos hechos se suma la condena a prisión perpetua de Diego Concha, exdirector de Defensa Civil, por abuso sexual seguido de homicidio, y la detención en septiembre de 2024 del comisario general Alejandro Mercado, acusado de encubrir una banda dedicada al contrabando y lavado de dinero en el centro de Córdoba.
“¿Hasta cuándo Llaryora y Quinteros seguirán diciendo que los buenos son los de azul?”, se preguntó la CTA-A. Y cerró con un reclamo enfático: “El Gobierno tiene que tener tolerancia cero con la corrupción y la Violencia Institucional de la Policía, en lugar de asediar a los que luchan para resembrar Justicia Social”.
De acuerdo con informes del Ministerio Público Fiscal, en 2024 se abrieron más de 300 causas contra personal policial en Córdoba por delitos que van desde apremios ilegales hasta asociación ilícita. A pesar de esto, desde el Ejecutivo provincial se insiste en reivindicar la labor de la fuerza.
