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La situación en la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) se agrava día a día. Desde mediados de diciembre, más de 300 mil afiliados dejaron de recibir atención por parte de 61 prestadores de la cartilla, entre ellos clínicas y hospitales de renombre como la Fundación Favaloro, el Hospital Italiano y el Sanatorio Colegiales. La medida, según los beneficiarios, ocurrió "sin aviso ni explicaciones", generando una crisis sanitaria que afecta tanto a trabajadores activos como a jubilados del Gobierno porteño, principalmente docentes y auxiliares de escuelas públicas.
“Hay muchos casos de cirugías suspendidas, embarazadas sin controles, personas con diabetes y pacientes oncológicos sin medicación”, denunció Patricia Pines, integrante de un colectivo que reúne a los afectados. A esto se suman la falta de sillas de ruedas, residencias geriátricas y cobertura en otras provincias, además de problemas con las recetas digitales.
La crisis también golpea al Sanatorio Méndez, el único centro de atención propio de ObSBA en funcionamiento, ubicado en Caballito. Pines explica: “Prácticamente, lo que nos queda es un solo lugar, pero no alcanza para la atención de cientos de miles de personas afiliadas”. Este sanatorio, fundado en 1958, ha sido objeto de denuncias por vaciamiento y recortes en los últimos años.
Responsables bajo la lupa
Aunque la obra social es administrada por los sindicatos SUTECBA y UDA, la intervención del Ejecutivo porteño, iniciada en 2008 durante la gestión de Mauricio Macri, marcó el inicio de su deterioro. Desde entonces, se registraron 2.500 despidos, tercerizaciones y crecientes demoras en la atención. Mientras tanto, a los afiliados se les sigue descontando un 6% de su salario, el doble que a otros trabajadores.
En un comunicado emitido por los damnificados, se señala: “Hacemos directamente responsables a Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad; Fernán Quirós, ministro de Salud; Alejandro Amor, director de ObSBA, y Martín Ibañez, secretario General (éstos últimos representantes de SUTECBA), por las consecuencias que esta situación tenga en la salud y las vidas de las personas afectadas”.
Acciones y movilizaciones
Ante la gravedad del caso, los beneficiarios se están organizando en redes sociales y ya realizaron una protesta frente a la sede central de ObSBA en diciembre. Ahora preparan una nueva movilización para el 17 de enero, exigiendo la reapertura de servicios y la reprogramación de turnos cancelados.
“Nos estamos organizando para iniciar amparos judiciales porque consideramos que la falta de atención, diagnóstico y tratamiento atenta contra nuestra salud y, en muchos casos, contra la vida”, subrayaron en una declaración conjunta.
La crisis de ObSBA no solo pone en jaque la salud de miles de trabajadores y jubilados, sino que también pone en el centro del debate las decisiones políticas y sindicales que llevaron a este colapso. La pregunta ahora es si las autoridades darán una respuesta concreta o si la situación continuará deteriorándose.
