Memoria verdad y justicia.webp
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) —como querella— solicitó que se reconozcan los hechos como crímenes de lesa humanidad y pidió prisión perpetua para dos exdirectivos de Acindar, Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, acusados de entregar información de sus empleados a fuerzas represivas para facilitar secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Esto abarca al menos ocho homicidios y 29 privaciones ilegítimas de la libertad .
La acusación incluye a 15 ex policías federales y un ex policía provincial, por quienes se solicitaron penas de hasta 25 años. Entre los imputados está Roberto Álvarez –25 años por secuestros, tormentos y asociación ilícita–, junto a agentes como Amadeo Chamorro y otros con penas que arrancan en entornos de 10 a 16 años .
La represión investigada comenzó entre marzo y junio de 1975, cuando una protesta sindical —conocida como “El Villazo”— fue sofocada con un operativo represivo masivo. Ese operativo, bautizado “Serpiente Roja del Paraná”, fue ordenado por el gobierno constitucional de Isabel Perón y resultó en la militarización de Villa Constitución, detenciones, torturas y homicidios de trabajadores, militantes sindicales y militantes políticos .
Un elemento clave del juicio es la prueba de la colaboración de la empresa Acindar: proporcionó legajos, domicialios, fotos, vehículos y espacios físicos —como el albergue de solteros— para establecer un centro clandestino de detención dentro de la fábrica, donde fueron torturados y detenidos trabajadores .
Desde 2023, la causa tiene audiencias públicas en Rosario. En plena etapa final, las querellas del CELS, la APDH y la UOM expresaron: “Fueron 50 años de impunidad, una lucha muy dura dieron los sobrevivientes, los familiares, para llegar a este juicio que empezó en noviembre de 2023” . Además, se realizó una histórica inspección judicial al predio donde funcionaba aquel centro clandestino, lo que permitió a sobrevivientes y testigos reconocer el espacio, pese a que ya había sido demolido, constituyendo “una cierta reparación y reivindicación histórica” .
También es importante saber que este no fue un caso aislado: la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y FLACSO suman Acindar a otras empresas investigadas por su participación en la represión durante la dictadura, como parte de un patrón sistemático que golpeó a los trabajadores. En este caso en particular, se confirmaron 18 personas asesinadas, 8 desaparecidas y 69 detenidas, muchas de ellas vinculadas a la UOM de Villa Constitución y la lista Marrón .
