marcha-de-la-cgt.png
Denuncian que la reciente decisión del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires —que ordenó el cese de difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— se trata de “un acto de censura previa, en abierta contradicción con el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” .
En su comunicado, la central sindical encuadra esta decisión en un contexto más amplio de hostigamiento a la prensa, y recordó que “en la jornada de ayer un trabajador de prensa resultó gravemente herido mientras cubría un acto de campaña de La Libertad Avanza en Moreno” .
La CGT también expresó su rechazo al polémico Decreto 629/2025, argumentando que “tiene como único fin golpear la actividad que realizan vendedores de diarios y revistas, desregulando e hiriendo de muerte la actividad de los canillitas, quienes ocupan también un importante rol garantizando la libertad de prensa y el pensamiento crítico” .
El Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA), por su parte, denunció que la medida representa "un retroceso histórico" y deja a los trabajadores del sector “a la intemperie de nuestros derechos”, ya que los deja sujetos a las normativas del Código Civil y Comercial y de cada municipio, sin el amparo laboral previo .
En paralelo, organismos de prensa y libertad de expresión también alzaron la voz. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la resolución judicial como “un precedente negativo para la libertad de expresión” y cuestionó el pedido del Ministerio de Seguridad de allanar medios y domicilios de periodistas . El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también se expresó en ese sentido, sosteniendo que la cautelar “resulta incompatible con las normas constitucionales vigentes” y exigió que sea revisada urgentemente .
Además, el sindicato que agrupa a los canillitas anticipó que recurrirá a la Justicia, presentando cautelar y amparo, para frenar los efectos del Decreto 629; y denunció que la norma los expulsó del ámbito del Ministerio de Trabajo y los sometió a un régimen desigual frente a grandes empresas
