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El Consejo Directivo de la CGT cuestionó duramente los decretos 647/2025 y 651/2025 firmados por Javier Milei, que impiden la puesta en marcha de dos iniciativas que buscaban garantizar recursos para la salud y la educación pública. “La salud y la educación pública son pilares fundamentales para el progreso y desarrollo de nuestro país. El fuerte ajuste desplegado por el Gobierno Nacional pone en grave peligro su funcionamiento y afecta directamente en las condiciones laborales de las y los trabajadores”, advirtieron.
El decreto 647/2025 observó en su totalidad la Ley 27.795, sancionada por el Congreso, que contemplaba aumentos salariales para docentes y no docentes universitarios, actualización de becas, mejoras en infraestructura e investigación, y un presupuesto ajustado por inflación. Desde la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti alertó: “Hoy se está dando una tormenta perfecta: por un lado, un gobierno que desfinancia a las universidades; y por otro, salarios que perdieron un 40% de poder adquisitivo desde que asumió Milei”.
La situación en las universidades refleja el impacto del ajuste. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), junto con Fedun, entre 2023 y 2025 el presupuesto universitario tuvo una caída real del 22,1% en 2024 y proyecta un retroceso adicional del 8,6% para este año, mientras que los salarios docentes perdieron casi un 30% de poder adquisitivo.
Ante este panorama, la CGT resolvió sumarse al reclamo colectivo que unirá a sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de salud, la comunidad universitaria y fuerzas políticas frente al Congreso. Para la central obrera, el veto presidencial no sólo representa un retroceso en materia de derechos, sino también una amenaza directa al futuro del sistema público de educación y salud.
