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Las entidades sindicales consideraron que los reclamos de cualquier sector “deben evitar poner en riesgo la libre circulación y el abastecimiento de mercaderías. La democracia ofrece métodos y formas más virtuosas para realizar demandas2.
Explicaron, además, que la segmentación que permitió aumentar en 3 puntos los derechos de exportación, solo a la soja, y a los productores que superen las 1.000 toneladas anuales no lo hizo con quienes producen entre 501 y 1.000 toneladas, que pagarán lo mismo, es decir el 30% y, además, los pequeños que producen hasta 500 toneladas, pagarán menos de 30%.
Reconocieron que la segmentación es “una reivindicación histórica del sector PYME, tanto urbano como rural, ya que, por una cuestión de justicia, estamos convencidos que no hay peor inequidad que legislar igual para desiguales”.
Luego de señalar que en los últimos años se perdieron casi 25.000 PYMES, 200.000 puestos de trabajo, que la desocupación alcanzó los dos dígitos y la pobreza del 40%, afirmaron que “entendimos - y entendemos- que nuestras protestas debían darse dentro del marco de las instituciones democráticas y sociales”.
Sostienen que “Tanto empresarios pymes como trabajadores, estamos haciendo un tremendo esfuerzo parta superar la lamentable situación en la que dejó el gobierno saliente. Sin embargo, uno de los sectores más beneficiados por las políticas del macrismo, a quienes se les pide un pequeño aporte de sus suculentas rentabilidades, responde mostrando su egoísmo y codicia extrema”.
Para finalizar afirmando que “A solo 90 días de asumida una nueva gestión de gobierno en la Argentina, un lockout patronal como el que han planteado desde la Mesa de enlace es una acción política disfrazada de reivindicación sectorial”.
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