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La iniciativa, impulsada por la legisladora justicialista Nadia Fernández a pedido del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, incorpora elementos del “Protocolo Antipiquetes” de Patricia Bullrich y propone modificaciones al Código de Convivencia Provincial.
“La Comisión Ejecutiva Provincial de la CTA Autónoma Córdoba rechaza y repudia el proyecto de ‘Ley Antipiquetes’ que fue presentado por la legisladora justicialista y presidenta de la Comisión de Seguridad, Nadia Fernández, a pedido del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros”, señalaron desde la central. Según el comunicado, el proyecto “toma elementos del protocolo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich” y habilita la intervención represiva de las fuerzas policiales durante manifestaciones.
Desde la CTA-A advierten que la propuesta “está en sintonía con el clima de época marcado por la ultraderecha que lleva a naturalizar la ferocidad con la que actúan las fuerzas de seguridad”, y apuntan directamente al gobernador Martín Llaryora por impulsar “la mano dura como única salida”.
“Es inaceptable que ante la crisis social y económica imperante, donde la lucha se profundiza, las prácticas persecutorias y criminalizadoras de la protesta social se refuercen”, agregaron. “Una decisión de estas características pretende constituirse en un mecanismo disciplinador y de amedrentamiento para quienes luchan ejerciendo el derecho constitucional a protestar”.
Además, la central obrera denunció una “ofensiva política, judicial, policial y mediática contra el pueblo trabajador”, y sostuvo que ni el ajuste ni el silencio son una opción: “Ni luchar ni protestar es delito. Desde nuestra Central no claudicaremos en este reclamo y seguiremos defendiendo los derechos humanos en la calle”.
Por último, la CTA-A Córdoba exigió al gobierno provincial que “tenga tolerancia cero con la corrupción, la violencia institucional de la Policía, el hambre, la pobreza y la marginalidad, en lugar de asediar a los que luchan para que vuelva a imperar la justicia social”.
La iniciativa de Córdoba se enmarca en una serie de medidas similares que buscan restringir la protesta social a nivel nacional. El protocolo antipiquetes de Bullrich —que prohíbe el corte total de vías y habilita la intervención de fuerzas federales— ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por organismos de derechos humanos, como el CELS y Amnistía Internacional, quienes advierten que estas normativas vulneran derechos constitucionales y habilitan abusos de las fuerzas de seguridad.
