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Las organizaciones acusaron al gobierno de orquestar un operativo destinado a generar un clima de desmovilización. Según sus declaraciones, hubo una "cacería aleatoria de manifestantes" que resultó en 35 detenidos y cientos de heridos, incluyendo personas que no tenían relación con la movilización. En este contexto, reclamaron la inmediata libertad de todos los presos y el cese de la persecución judicial, adelantando que denunciarán penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"Acá estamos con las distintas organizaciones por la liberación de los detenidos", expresó Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la CTA. Peidro también apuntó contra la ministra Bullrich, afirmando que "ocurrió por decisión de la ministra Bullrich que ordenó una represión indiscriminada, inventando causas penales contra manifestantes, con la complicidad del fiscal Stornelli".
Peidro advirtió sobre el aumento de la movilización frente a la violencia del ajuste y las consecuencias de la aplicación de la ley Bases. "La movilización va a ir en aumento y es de esperar que la actitud violenta del gobierno también se profundice. Necesitan las cárceles llenas de compañeros y compañeras porque este ajuste cada vez va a provocar el levantamiento de otros compañeros en todo el país", sostuvo.
Durante la conferencia de prensa, también se denunció que los detenidos sufrieron vejaciones y malos tratos, con la amenaza de ser alojados en cárceles federales.