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La FJA sostiene que un juez federal bajo denuncias por acoso laboral y sexual avaló “una inconstitucional restricción a la libertad de prensa”, al impedir la difusión de audios que contienen posibles pruebas sobre corrupción en las altas esferas del Poder Ejecutivo, “impidiendo que la opinión pública conozca la verdad” . Ese tipo de resolución, advierten, beneficia presuntos acusados en casos que involucran salud, seguridad social y discapacidad .
En paralelo, el comunicado enumera varios escándalos en curso: la “estafa $Libra”, las “muertes por fentanilo contaminado” y el reciente “escándalo de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en el PAMI” . Todo ello ocurre en un contexto socioeconómico crítico, marcado por ingresos deteriorados, caída de salarios y jubilaciones, disolución de organismos estatales y cierre de empresas privadas, lo que agrava la situación de millones de trabajadores y trabajadoras .
La FJA denuncia “la evidente corrupción que asocia al poder político con sectores empresarios inescrupulosos que acrecientan sus riquezas a costa de una mayoría empobrecida y en perjuicio directo de los más vulnerables” . Aunque reconocen que “subsisten algunas expectativas en las políticas oficiales”, alertan que “crece el malestar y la protesta popular: conflictividad en aumento, manifestaciones de repudio y luchas visibles tanto en la calle como en los procesos electorales” .
Finalmente, la Federación Judicial reafirma su compromiso con las demandas del sector. Continúan “luchando por las reivindicaciones de los trabajadores judiciales”, articulando acciones con otros sectores, impulsando la unidad de acción con las centrales sindicales, promoviendo la democratización del Poder Judicial y defendiendo los derechos humanos .
Adicionalmente, expertos constitucionalistas critican el fallo como una violación clara de la libertad de expresión. Para especialistas como el constitucionalista Carlos Laplacette, imponer jurisdicción previa para prohibir difusión de información constituye “censura” pura . Y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en una columna de Infobae, recuerda que la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos son contundentes: “no es viable ninguna clase de censura previa legislativa, administrativa o judicial” .
