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Estas denuncias surgen en el contexto del conflicto por la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires, que enfrenta al sindicato de Camioneros con el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien busca municipalizar a 300 trabajadores choferes de grúas.
La ITF emitió un comunicado en sus redes sociales destacando que "la acusación de extorsión en el contexto de una medida de trabajo a reglamento es una interpretación errónea y dañina de la naturaleza de las acciones sindicales". El documento subraya que los recolectores de residuos, al adoptar medidas sindicales, están ejerciendo su derecho a protestar de manera pacífica y ordenada, buscando así llamar la atención sobre sus demandas legítimas.
Edgar Díaz, Secretario Regional de la ITF, declaró que la denuncia penal presentada por Del Gaiso "representa un grave atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras". Díaz señaló que la criminalización de las medidas de protesta de los gremios es alarmante, ya que podría constituir un avance peligroso hacia la persecución y el totalitarismo. Añadió que los derechos a la protesta y a la huelga son fundamentales para la democracia y las relaciones laborales justas, protegidos por la Constitución Nacional Argentina, la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Contrato de Trabajo.
La ITF también advirtió que la denuncia contra Moyano desconoce una serie de pactos y convenios históricos que resguardan el derecho a la protesta, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y los convenios fundamentales de la OIT. Estos convenios establecen claramente el derecho de los trabajadores a organizarse, protestar y negociar colectivamente sin temor a represalias o criminalización.
Finalmente, la ITF enfatizó que llevar la protesta gremial al ámbito penal es un ataque injustificado a la actividad sindical. Instó a los empleadores y al estado a reconocer y respetar el papel crucial de los sindicatos en la promoción de condiciones de trabajo y en la protección de los derechos de los trabajadores. La organización concluyó que es imperativo defender y proteger los derechos de los trabajadores a organizarse, protestar y negociar colectivamente para construir una sociedad más justa y equitativa.
