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La medida judicial responde a un planteo hecho por las organizaciones sociales del Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores, que consideran ilegales los cierres de los CDR. Estas oficinas gestionaban planes de formación y empleo, asistencias habitacionales en casos de incendios, medicamentos complejos y otras políticas sociales fundamentales, cuya interrupción representa un grave perjuicio para los sectores populares.
El reclamo también cuenta con el apoyo de Daniel Catalano, de la CTA Nacional, y Roberto Baradel, de la Central bonaerense, quienes han impulsado la acción judicial. Este nuevo requerimiento se suma a otras causas que la ministra Pettovello enfrenta en distintos tribunales por cuestiones como la falta de entrega de alimentos en los galpones del Ministerio y la no distribución de medicamentos complejos.
La situación ha generado un fuerte debate sobre la gestión del Ministerio de Capital Humano y las políticas sociales del gobierno. Las organizaciones sociales y los dirigentes sindicales han señalado que la medida judicial es un paso importante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
“La justicia ordena dar explicaciones frente al planteo hecho por las organizaciones sociales del Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores”, mencionaron en el recurso judicial. Las organizaciones esperan que la ministra Pettovello brinde respuestas claras y se restablezcan los servicios esenciales que ofrecían los CDR.
