Por Agustín Bruera*
Estamos en un contexto político en el cual el Gobierno propicia que los trabajadorxs y, consecuentemente, sus representantes organizados, tengan cada vez menos espacio en la discusión y la decisión de las políticas públicas, en especial las de aquellas que nos involucran directamente. Para que no haya obstáculos en la “modernización” que vendrá a quitarnos derechos y prerrogativas.
El plan es bastante desembozado: las amenazas de detenciones, de intervención de entidades gremiales hacia quienes se manifiestan críticos son moneda corriente en los medios “serios e independientes” que apoyan al Gobierno, para llevar a que las direcciones capitulen ante el pliego de condiciones de los dueños del capital.
A dos días de las elecciones, mientras el país se encontraba en veda electoral aunque plenamente conmocionado por la confirmación de que el cuerpo hallado en el río Chubut pertenecía a Santiago Maldonado, un juez del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, dictó un vergonzoso fallo, que declara la inconstitucionalidad de un artículo de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. (Art. 76 Ley 27.148) ¿Y de qué artículo se trata? Sólo de aquel que establece que la eventual remoción del titular del organismo –hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó-, debe ser mediante el procedimiento de juicio político, con el voto de las dos terceras partes de ambas cámaras legislativas, como ocurre con los Jueces de la Corte Suprema.
En suma, el juez Pablo Cayssials, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, falló a favor de las expectativas del gobierno y dejó a tiro de la lapicera con la cual el presidente Macri y sus ministros firman sus decretos, la tan ansiada salida de la Procuradora, que el gobierno asumido en diciembre de 2015 anuncia como una de sus prioridades más importantes de gestión institucional.
El ardid judicial demuestra que la verdadera intención no es, como se dijo el año pasado, tras la fallida intentona legislativa, modificar la ley orgánica del MPF para agilizar el organismo, o dotarlo de herramientas que combatan con mayor efectividad el crimen organizado, entre ellos el narcotráfico. Si así fuera, el gobierno no habría decretado el aplazamiento, todavía sin fecha, de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que transforma el sistema penal inquisitivo en acusatorio, y acelera drásticamente los procesos judiciales.
Por el contrario, lo que se busca por cualquier medio, y sin ningún disimulo, es echar a Gils Carbó, situar a un Procurador más afín y, esencialmente, disciplinar al resto de fiscalas y fiscales nacionales y federales, para disminuir riesgos penales en el brutal cambio de paradigma económico, cultural e institucional que se propone el macrismo: volver al “mundo” de la mano de los capitales multinacionales, y regresar a un modelo de acumulación sostenido en las “ventajas” del patrón financiero (y ya no la industrialización por sustitución de importaciones, generación de empleo, mercado interno, y transferencia de recursos vía salarios altos, superiores a los índices inflacionarios), cuyo primer vestigio en la Argentina es el plan económico puesto en práctica por José Alfredo Martínez de Hoz, que mejoró a través de la represión genocida el experimento de Celestino Rodrigo.
Ese cambio de paradigma necesita dos condiciones: la represión (presos políticos, persecución a gremios combativos, violencia paraestatal en las marchas de protesta, detenciones masivas) y venia judicial. Ese permiso judicial, por su parte, sólo podrá imponerse sobre la base de la criminalización de todos los avances en materia de protección de derechos que se dio en la Argentina hasta diciembre de 2015, y que en el ámbito estrictamente judicial fue correspondido a través del sello que la procuradora Gils Carbó le dio a su gestión en el Ministerio Público Fiscal de la Nación: fiscalxs para asegurar el acceso a la justicia de las personas más débiles de la estructura social, seguridad jurídica para los pobres, igualdad de género, protección a las mujeres víctimas del patriarcado, derechos para las personas migrantes y los pueblos originarios, y conversión de los sectores más postergados de la sociedad ya no en objetos del rigor penal y víctimas de la selectividad de clase del sistema de administración de Justicia, sino en sujetos con derechos.
Si, eventualmente, la ilegalidad y la supresión del estado de Derecho se impusieran y lograran la salida de la Procuradora, nada obturaría para siempre la posibilidad de transformar progresiva y democráticamente a la Justicia, para que deje de ser una mera institución dedicada a convalidar hondos procesos de exclusión social, como ocurrió durante decenas de años. La fuerza de los trabajadores y trabajadoras judiciales será decisiva en este camino liberador transitado por miles de hombres y mujeres comprometidos con el Derecho y la Justicia verdaderos, entre ellos Gils Carbó, que deja alentadoras huellas, y da sentido a nuestro trabajo cotidiano.
*Secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU Nación – CTA).
