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Cobros obligatorios en Jujuy: Un torniquete económico
En los últimos días de 2024, la Legislatura de Jujuy sancionó una ley que obliga a pagar un bono obligatorio de 50.000 pesos a quienes no cuentan con obra social. La medida afecta a más de 280.000 personas, la mitad de la población económicamente activa de la provincia. “Esto no es otra cosa que un torniquete más para los sectores vulnerables, que ya enfrentan aumentos en transporte y otros servicios esenciales”, señalaron desde organizaciones sociales locales.
La normativa refuerza la Ley 6.116, aprobada en 2019 bajo el gobierno de Gerardo Morales, que buscaba implementar un cobro similar. En su momento, Morales justificó la medida con el argumento de “reciprocidad”, tras el caso de un argentino que debió pagar una suma exorbitante por un accidente en Bolivia.
Villa Carlos Paz: Salud limitada a residentes
En Córdoba, el Consejo Deliberante de Villa Carlos Paz avanzó con una normativa que establece cobros para argentinos no residentes que necesiten atención médica. La medida entró en vigor con el inicio de la temporada turística, desatando críticas por lo que se considera un “precedente peligroso” para otras localidades del país.
“Estamos presenciando el fin de la salud pública universal y gratuita”, expresó un dirigente sindical del sector salud. “Esto no es solo un problema local, sino parte de una batalla cultural que busca naturalizar la privatización”.
Un debate nacional
En el sur, Santa Cruz implementó en abril un cobro por atenciones médicas a extranjeros residentes transitorios. Ariel Varela, ministro de Salud provincial, justificó la medida al afirmar: “Estamos pasando por un déficit enorme en lo económico, y las estadísticas muestran que 1.800 personas extranjeras se atienden mensualmente”. Medidas similares se han tomado en Mendoza, donde el gobernador radical estableció que los pacientes solventen los gastos de atención médica mediante el Decreto N° 1266.
En paralelo, desde el Gobierno nacional se anunció la intención de cobrar aranceles a extranjeros en las universidades públicas, argumentando que esto es necesario para alcanzar el “déficit cero”. La propuesta generó rechazo y movilizaciones multitudinarias, que frenaron momentáneamente la iniciativa.
Una estrategia que divide
Organizaciones sociales y especialistas en políticas públicas advierten sobre las consecuencias de estas medidas. “El odio enceguece, y lo que comienza siendo un perjuicio para otros termina siendo un tiro al pie para todos”, afirmó un referente de derechos humanos. Según estudios recientes, los extranjeros aportan más de lo que consumen en servicios públicos, un dato omitido en los discursos oficiales y mediáticos.
La batalla por la salud y la educación
El avance de estas políticas forma parte de un cambio cultural que busca desmantelar los sistemas de salud y educación gratuitos y universales, considerados modelos históricos en la región. “Hace unas décadas, Argentina marcaba la diferencia al garantizar derechos básicos para todos. Hoy, estamos perdiendo esa identidad”, concluyó un analista político.
Con el inicio de 2025, el panorama es incierto. La pregunta que queda es: ¿hasta dónde llegará este proceso de privatización encubierta?
