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El detonante fue una investigación publicada el 3 de agosto por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, donde se expusieron informes internos de la SIDE que revelan el seguimiento de actividades de organizaciones sindicales, políticas y sociales. Entre ellas, aparecen marchas de jubilados, actos culturales, protestas gremiales y reuniones de sectores opositores.
Según la denuncia, los informes contenían fechas, horarios, recorridos y nombres de referentes involucrados, sin que existiera ningún tipo de amenaza a la seguridad nacional. “No hay ninguna justificación legal ni judicial para estas prácticas. Remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país”, advirtió Yasky. Godoy, por su parte, señaló: “Estamos ante un hecho de enorme gravedad institucional que vulnera garantías democráticas elementales. Espiar a los que piensan distinto es inaceptable en democracia”.
Los gremios denuncian que esta vigilancia representa una violación directa a la Ley de Inteligencia Nacional (Nº 25.520), que prohíbe expresamente el espionaje interno con fines políticos. “Este accionar es incompatible con un Estado de derecho. Queremos que se investigue si hubo orden judicial y, de no ser así, que se establezca la responsabilidad penal de quienes dieron las órdenes, incluyendo al Presidente”, reclamaron.
Ambas centrales están mencionadas en los documentos filtrados, al igual que otros movimientos sociales y gremios. Por eso, pidieron ser notificadas del avance de la causa para poder constituirse como querellantes, en representación de los trabajadores y trabajadoras presuntamente espiados.
El caso podría escalar políticamente si se comprueba la existencia de una estructura de vigilancia ilegal desde los organismos del Estado. La denuncia también podría derivar en un pedido de informes al Poder Ejecutivo desde el Congreso, según señalaron fuentes judiciales.
La SIDE, rebautizada oficialmente como Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en 2015, volvió a ser referida como "SIDE" en distintos discursos públicos por funcionarios del actual gobierno, aunque formalmente sigue vigente su nombre legal. Hasta el momento, el Gobierno no respondió públicamente a la acusación.
