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La protesta reunió a referentes sindicales, legisladores, académicos y trabajadores del sector, quienes cuestionaron la iniciativa oficial y advirtieron sobre su impacto en el empleo y en el rol de los medios públicos. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), su titular Agustín Lecchi expresó su respaldo a los trabajadores y alertó por el avance de políticas que, según denuncian, debilitan el sistema público de comunicación.
Durante la conferencia, la legisladora Claudia Neira cuestionó el proceso impulsado por el Ejecutivo porteño y apuntó: “Es vergonzosa la licitación que se pretende realizar, en la que ni siquiera se menciona a los trabajadores”. En la misma línea, Graciana Peñafort advirtió que quienes firmen el proceso podrían enfrentar consecuencias legales: “Estarán incumpliendo una ley nacional y también podrían sufrir una demanda por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Las críticas también apuntaron al destino de los recursos públicos. Vanina Biasi sostuvo que la medida implica “un atropello” y denunció que “se les están regalando al sector privado enormes inversiones que se consiguieron con el dinero de lo público”.
Desde adentro de los medios, la preocupación es concreta. La periodista Carina López Monja, de Radio Ciudad AM 1110, explicó: “Nos enteramos de esta decisión a través de un tuit de Jorge Macri. En el pliego de concesión se deja afuera a los trabajadores y equipos, además de ofrecer un canon irrisorio. Entendemos que es un negocio redondo para algún sector”.
El conflicto también abre un frente legal. Trabajadores y legisladores anticiparon la presentación de demandas para frenar la licitación antes del 20 de abril, fecha prevista para la apertura de sobres. Además, se impulsa un proyecto de ley para garantizar la autarquía de los medios públicos, en línea con lo establecido por la Constitución porteña.
En ese sentido, López Monja remarcó que la iniciativa oficial “es irregular e inconstitucional” y agregó: “El artículo 47 de la Constitución plantea el resguardo de los medios de gestión estatal y se está yendo a contramano de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
La disputa se da en un contexto más amplio de tensión por el rol del Estado en la comunicación y el ajuste en áreas públicas. Mientras tanto, los trabajadores ya preparan nuevas acciones, entre ellas un festival cultural y solidario, para visibilizar el conflicto y sostener el reclamo por la defensa de los medios públicos y las fuentes de trabajo.
