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Según relatan vecinos, trabajadoras comunitarias y delegados gremiales, la represión ocurrió después de una movilización en la que se pedía la entrega de insumos básicos para garantizar un plato de comida en los barrios más castigados por la crisis. Desde entonces, varios referentes quedaron condicionados para realizar sus tareas habituales. “Hay compañeras que todavía no pueden circular por los espacios donde trabajan hace años”, explicaron desde las organizaciones.
El punto más crítico es la falta de asistencia alimentaria. Los merenderos aseguran que no reciben los insumos mínimos desde hace meses. “Las compañeras de los merenderos no pueden acceder a los alimentos que se necesitan para combatir el hambre en nuestros barrios”, denunciaron desde CTA y ATE Córdoba. Según datos relevados por ambas centrales, en algunos comedores la demanda se duplicó en el último año mientras la ayuda estatal se redujo de forma drástica.
Referentes territoriales aseguran que funcionarios municipales habrían retenido recursos que estaban destinados a sostener la tarea social diaria. Esto, dicen, agrava la situación en barriadas donde el comedor o la merienda son, muchas veces, la única comida segura del día para cientos de familias.
Las organizaciones remarcan que el pedido es tan básico como urgente: garantizar el derecho a la alimentación y dejar trabajar a quienes sostienen los espacios comunitarios. “Queremos que dejen de hostigar y que vuelvan a entregar los alimentos. Nada más”, resumió una coordinadora barrial.
En paralelo, la red comunitaria sigue funcionando como puede, apoyada en la solidaridad de vecinos y trabajadores que intentan sostener lo que el Estado dejó de garantizar. “La organización no afloja, pero cada día es más difícil”, lamentan en los barrios.
