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Desde el sindicato advirtieron que se trata de “un intento de criminalizar la protesta y limitar los derechos constitucionales”, en el marco de acciones gremiales realizadas durante 2024 y 2025. Según detallaron, la causa tramita en la Fiscalía PCyF N°35 de la Ciudad de Buenos Aires y apunta contra trabajadores por el presunto delito de asociación ilícita.
“Imputa a trabajadores y trabajadoras por el delito de asociación ilícita, cuando en realidad se trata de acciones gremiales llevadas adelante durante el 2024 y 2025, convocadas por nuestro sindicato y también por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte”, señalaron en el comunicado.
En ese sentido, desde la organización sindical remarcaron que el conflicto excede lo judicial y se inscribe en un escenario más amplio de tensión entre el Gobierno porteño y los trabajadores del transporte. “Una vez más, la criminalización de la huelga aparece como la vía para intentar condicionar el ejercicio de derechos constitucionales”, denunciaron.
Además, cuestionaron el enfoque de la causa y advirtieron sobre sus implicancias: “Ahora con la disparatada idea de que, por ser organizada de manera colectiva y en el marco de la representación legítima del sindicato, configuraría un delito”.
Desde AGTSyP defendieron la legitimidad de las medidas adoptadas y sostuvieron que “el derecho de asociación y la libertad sindical, que deben ser garantizados y no reprimidos, legitiman nuestra acción y ponen en evidencia la persecución de la que somos víctimas”.
Frente a este escenario, el gremio anticipó que profundizará las acciones de visibilización y organización. “No permitiremos que avasallen nuestros derechos. Frente a este intento de intimidación, mediante la persecución de compañeros y compañeras, nos declaramos en estado de alerta y movilización”, afirmaron.
Finalmente, convocaron a otros sectores a sumarse al reclamo: “Convocamos a las organizaciones sindicales nacionales e internacionales, así como también civiles, políticas y sociales, a denunciar este atropello contra los derechos laborales”.
El conflicto se suma a una serie de tensiones recientes en el sistema de transporte, donde los sindicatos vienen alertando sobre pérdida de poder adquisitivo, condiciones laborales y avances sobre derechos sindicales en distintos sectores estratégicos.
