La Multisectorial Avellaneda, Trabajo y Producción, que agrupa a la CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), cooperativas, pequeñas y medianas empresas, entre otros sectores, criticó duramente las decisiones políticas de al Gobierno, porque sus políticas "destruyen el trabajo y la producción nacional". Y exigieron la "reconstrucción del sistema de precios para el desarrollo industrial, que es la principal fuente de empleo", y propuso "desacoplar los precios locales de los productos exportables de los precios internacionales".
El grupo también exigió que las tarifas de gas, energía eléctrica y otros servicios públicos se basen únicamente en los costos reales de producción y distribución, evitando ajustes automáticos por tipo de cambio o indexaciones por precios internacionales, como ocurre actualmente. También demandaron tarifas sociales, argumentando que el acceso a los servicios es un derecho humano.
"Es esencial establecer tarifas asequibles y diferenciadas para pymes, cooperativas y emprendimientos sociales. La regulación estatal del precio de la energía es crucial, ya que representa un costo estratégico para la producción de bienes y servicios, y es un factor influyente en la inflación. Además, se necesita un programa de precios que garantice el acceso a alimentos y consumos básicos para la población, así como insumos para los sectores productivos", afirmó la Multisectorial en un comunicado.
Asimismo, pidieron un seguimiento estatal transparente de la estructura de costos de producción y comercialización de bienes y servicios, con difusión pública trimestral accesible a los consumidores. También exigieron que estos costos se actualicen conforme al valor de la Canasta Básica Total del salario mínimo, vital y móvil, y demandaron "una recuperación coherente del poder adquisitivo de los salarios de convenio, jubilaciones y el salario social complementario".
La Multisectorial también abogó por una reforma tributaria integral y la simplificación de las contribuciones, para que paguen más quienes más ganan (grandes corporaciones y evasores), y no afectar los ingresos de los trabajadores con el impuesto al salario. Además, pidieron aliviar a las pymes que generan empleo y apoyar la economía popular, manteniendo el monotributo social que se pretende eliminar, lo que implicaría un aumento impositivo del 800% y la pérdida de acceso a jubilación y obra social.
Entre otras demandas, la Multisectorial solicitó medidas para garantizar jubilaciones dignas, educación y salud de calidad, una Ley de Coparticipación Federal que refleje el aporte productivo, la población y las necesidades básicas insatisfechas de las provincias. También propusieron fomentar el ahorro nacional en un sistema financiero no especulativo, orientado a apoyar a los sectores productivos y a las familias, consolidar una banca pública, reformar el régimen de inversiones extranjeras y organizar el trabajo y los derechos laborales. Además, pidieron que el Congreso asuma su responsabilidad constitucional respecto a la deuda interna y externa, criticando al Gobierno por querer solo aumentarlas para "vender a la Argentina y favorecer a la usura".
Para alcanzar estos objetivos, la Multisectorial llamó a aumentar la movilización de los sectores sociales, proponiendo una 'Marcha Provincial' en defensa de la vida, el trabajo y la producción bonaerense, y consideraron la posibilidad de una movilización multisectorial federal a partir de la unidad demostrada en diversas fechas clave.
Finalmente, la Multisectorial se pronunció por la creación de Multisectoriales en todos los municipios bonaerenses, rechazó el DNU 70/23 y la Ley Bases, y reclamó una campaña para revertir y esclarecer "la estafa del aumento de las tarifas de gas y energía eléctrica, que hace inviable muchas actividades y castiga a las familias argentinas".
