Milei, Bullrich, Petri.jpeg
El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, acompañó la medida impulsada por organismos de derechos humanos de Salta, con el patrocinio legal del abogado Martín Plaza. La acción cuenta con el respaldo del Comité Contra la Tortura de Salta y otras organizaciones de la sociedad civil.
"Este plan de militarización encubierta viola la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se avanza con mecanismos propios de gobiernos represivos bajo la excusa del combate al narcotráfico", denunció Catalano.
La presentación cuestiona los decretos 1107/24 y 1112/24 y la resolución ministerial 347/35, que permiten a las Fuerzas Armadas intervenir en zonas de frontera en tareas que podrían incluir la detención de civiles. Las organizaciones alertan sobre su inconstitucionalidad y los riesgos que representa para la población.
Una de las mayores preocupaciones es el carácter secreto de las “Reglas de Empeñamiento”, el protocolo que establece cómo deben actuar los militares. “El nuevo marco jurídico pretende legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para la represión de población civil, en zonas inhóspitas, sin regulación clara, con objetivos reservados, sin mecanismos de rendición de cuentas, ni límites definidos”, señala el escrito judicial.
Catalano advirtió: “Estamos frente a una reedición de las peores recetas del pasado. La represión en la frontera no es una solución a los problemas sociales. Es una provocación que puede terminar en tragedia”.
Además, exigieron la desclasificación inmediata de las Reglas de Empeñamiento y alertaron que la militarización no combate el narcotráfico, sino que agrava la violencia institucional. Como ejemplo, mencionaron los recientes casos de Fernando Gómez y Rodrigo Torres, asesinados durante operativos de Gendarmería en la frontera.
Desde ATE Capital y los organismos firmantes se convocó a la ciudadanía a rechazar el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad interior. “Es un camino que socava la democracia y vulnera los derechos de toda la población”, concluyeron.
