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En Neuquén, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública (Siprosapune) inició este lunes un paro de 48 horas, con concentración prevista para este martes a las 10:30 en el monumento a San Martín, en el centro de la ciudad. Reclaman una paritaria específica para el sector salud, mejoras salariales y condiciones laborales dignas. Además, defienden el régimen de dedicación exclusiva. “El derecho de huelga está garantizado por la Constitución. No hay decreto de necesidad y urgencia que pueda pasar por encima de eso”, advirtió María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa).
En Tierra del Fuego, el gremio Siprosa también resolvió parar por 24 horas este martes. “No tuvimos respuesta luego del paro anterior. Mañana hay mesa paritaria, pero nosotros nuevamente quedamos afuera”, explicó Roberto Oyarzún, miembro de la conducción sindical. La exclusión del gremio del espacio de negociación fue interpretada como una maniobra para debilitar la representación del sector.
En paralelo, los residentes del Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron este lunes un paro de 96 horas, hasta el jueves 29. La protesta apunta al Ministerio de Salud y al Consejo de Administración del hospital, que se niegan a abrir una instancia de diálogo. “Trabajamos 80 horas semanales, con dos guardias, y cobramos 900 mil pesos. Eso está por debajo de la línea de la pobreza”, denunciaron en un comunicado. Según el último informe del INDEC, una familia tipo necesitó $828.158 en abril para no ser pobre, sin contar el alquiler.
“Estas medidas son un botón de muestra más del rechazo de la Fesprosa al Decreto 340”, sostuvo Boriotti. “La reglamentación del derecho a huelga es inconstitucional y vamos a tirarla abajo, no solo con acción judicial, sino también en las calles”.
El Decreto 340/24, firmado por el presidente Javier Milei, limita el ejercicio del derecho a huelga en áreas consideradas esenciales, entre ellas la salud. Diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos alertaron que la medida vulnera derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por Argentina.
Para la Fesprosa, que nuclea a más de 30 mil profesionales de la salud en todo el país, el decreto es una avanzada contra la organización gremial y busca disciplinar la protesta social en un contexto de ajuste.
