La Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio realizó este martes una presentación formal ante la Corte Suprema para que declare la nulidad de la acordada del 10 de septiembre de 1930 y, sobre todo, para que tanto el máximo tribunal como los tribunales inferiores dejen de fundamentar sus fallos en citas jurídicas de normas emitidas durante dictaduras o gobiernos de facto.
La acordada del 10 de septiembre de 1930, firmada por unanimidad por los miembros de la Corte de aquel momento, declaró la validez de los actos dispuestos por el dictador José Félix Uriburu tras el derrocamiento del gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, en lo que dio inicio a la doctrina jurídica que justificó golpes institucionales.
Como parte de la presentación, la asociación civil constituida por especialistas en Derecho Laboral solicitó que tanto la Corte como los tribunales inferiores "se abstengan de sustentar sus pronunciamientos con citas de fundamentos de normas emitidas durante gobiernos de facto, o de debates habidos en su proceso de creación".
En este último caso, la entidad profesional puso como ejemplo la Convención Constituyente de 1957, realizada a partir de una elección de convencionales constituyentes que fue convocada durante la dictadura cívico-militar de Pedro Eugenio Aramburu, con el peronismo proscripto y que cuyo resultado mostró como primera minoría electoral al voto en blanco (24,31 por ciento).
Desde la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio detallaron que el escrito presentado ante el máximo tribunal no solicitó la declaración de nulidad de la normativa dictada durante períodos de ruptura de la institucionalidad -eso debería ser solicitado por cada interesado en un proceso judicial específico, aclararon- pero sí planteó que dejen de usar "fundamentos de normas jurídicas de gobiernos de facto como criterio de interpretación actual del sentido de esas normas”.
"Por respeto al Estado de Derecho y al sistema democrático es imperativo que los órganos encargados de administrar justicia no invoquen como criterios de autoridad, para fundar sus sentencias actuales, los argumentos ni las intenciones de quienes rompieron el Estado de Derecho ni de quienes fueron funcionales a ellos en tales momentos de nuestra historia", subrayó el abogado Gustavo Ciampa, presidente de la entidad.
La asociación, que funciona como nucleamiento gremial, lleva por título la fecha en que se produjo la llamada Noche de las Corbatas, el 7 de Julio de 1977, cuando 14 abogados y sus familiares, entre ellos Norberto Centeno, creador de la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20744), fueron secuestrados en Mar del Plata por los grupos de tareas de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976.
En diálogo con Télam, Ciampa explicó que la presentación realizada este martes en el Palacio de Tribunales apunta a que "las normas aún vigentes dictadas por gobiernos de facto sean reinterpretadas con criterios que respeten el Estado de Derecho y los principios de la Constitución Nacional" mientras no sean derogadas y sustituidas por el Congreso "con normas de la democracia".
En el mismo sentido, el abogado profundizó: "No respeta al sistema democrático ni al Estado de Derecho que los Tribunales interpreten normas dictadas en gobierno de facto en base a la intención que tuvieron esos gobiernos al dictarlas".
Fuente: Télam
