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El despido, firmado por el subsecretario Alberto Baños, fue denunciado como “discriminatorio y persecutorio” y se enmarca en una política de vaciamiento del gobierno de Javier Milei. “Este es un ataque directo a ATE. Desde que asumió, este gobierno creó una política de persecución a todo el que se opusiera al régimen de miseria y de hambre”, denunció la propia Fernández Brozzi en la conferencia de prensa.
Participaron del acto organizaciones como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS, Hijos Capital, APDH, Liga por los Derechos Humanos y Liberpueblo, que presentaron un amicus curiae ante la Justicia. También hubo fuerte respaldo de diferentes juntas internas de ATE Capital.
Flavia Fernández Brozzi fue una de las voces que en 2024 advirtió públicamente sobre el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, y su despido fue interpretado como un intento de silenciar esas denuncias. “Si piensan que con esto nos van a vencer, están equivocados”, expresó.
Desde el ámbito sindical, el diputado nacional y dirigente de SMATA Paco Manrique advirtió: “Este es un despido direccionado hacia todas las organizaciones sindicales. Se pasaron por debajo de los pies todas las leyes laborales y las leyes de asociaciones sindicales”.
Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sostuvo: “Nosotros tenemos una estatura ética y los vamos a combatir en el Congreso, donde ya empezaron a perder; los vamos a combatir en la calle, porque la movilización sigue creciendo; y van a perder en las urnas”.
La secretaria adjunta de ATE Capital, Agustina Panissa, también remarcó el carácter ejemplificador del despido: “Intentan que sea un símbolo de disciplinamiento. Pero para nosotros Flavia es un símbolo de todo lo que queremos ser. Esto es un compromiso de vida. No nos movemos por intereses, no nos movemos por guita, nos movemos por convicciones”.
Desde ATE Capital adelantaron que continuarán las acciones legales y gremiales para revertir el despido. El caso podría marcar un precedente clave sobre la legalidad de los despidos en áreas sensibles del Estado bajo la actual gestión.
